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miércoles, 31 de agosto de 2011

Cayetano Llobet veterano en la lucha por los DDHH y la justicia social. 20 años en la TV y en los diarios. vive "sus últimas horas" agobiado por un cáncer. admirado y odiado hizo honor al periodismo


El periodista y analista político Cayetano Llobet está en sus “últimos momentos”, informó ayer su hija Daniela, quien luego reveló que “desde hace algunos días está semiinconsciente” y postrado en su domicilio, rodeado de sus cuatro hijos y sus hermanos.
Llobet, que sufre de un cáncer de vejiga, fue sometido a dos operaciones y a un tratamiento de quimioterapia desde marzo del pasado año. Según Cadena A, el hígado y riñones del analista dejaron de funcionar.
El periodista de 72 años, nacido en diciembre de 1939 en Sucre, fue objeto de admiración, como destacó su hija, pero también de ataques, como aquel que lo tildó de hacer “periodismo señorial”.
Fue elegido diputado nacional por el Partido Socialista de Marcelo Quiroga Santa Cruz, en 1980, pero entre 1989 y 1991 representó al MNR de Gonzalo Sánchez de Lozada en el Concejo Municipal de Sucre.
Estudió Derecho en la Universidad San Francisco Xavier y Ciencias Políticas en la Universidad de Lovaina (Bélgica). Fue columnista y analista en la televisión durante 19 años.
Su último artículo publicado en Los Tiempos, el 21 de agosto, se titula “Difícil”, en el que critica la nacionalización de los autos chutos. En su autobiografía apunta que “tiene ganas de seguir peleado”. “Quizás ésa sea la mejor síntesis de mi biografía: ¡las ganas de pelear!”.
“Creo que hay una evidente admiración por él, porque nos ha demostrado que se puede decir lo que se cree yse puede pensar cosas que los demás no —destacó su hija Daniela—. Finalmente uno se va con dignidad y con la conciencia tranquila de que se hizo lo que se debería haber hecho”.

lunes, 29 de agosto de 2011

Con demora llegó Lula a Santa Cruz y fue recibido por personal de la Cancillería. Dará una charla. Sostendrá reunión con Evo en un hotel y volverá a su país.


El ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva llegó llegó aproximadamente a las 17.00 horas y fue recibido por una delegación de la Cancillería boliviana.
Inmediatamente después se trasladó a un céntrico hotel Casa Blanca a la espera de la reunión privada con el Presidente boliviano, Evo Morales.
El ex mandatario brasileño brindará una conferencia organizada por la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz, la Cámara Agropecuaria del Oriente y la Cámara Boliviana de Hidrocarburos, en el Hotel Los Tajibos, donde disertará sobre el proceso de integración de la región y su experiencia frente al gobierno de Brasil (2003-2011).
Por su parte la gobernación espera que la el ex mandatario pueda aconsejar a Evo morales para que este rectifique sus políticas que están causando daño en lo económico, político y social, manifestó el secretario de Gobierno, Vladimir Peña.
La llegada del ex presidente coincide con la presentación en el país de la película "Lula, el hijo de Brasil", que relata la vida del líder desde su época de obrero hasta el triunfo electoral que lo llevó a la presidencia.
 

jueves, 25 de agosto de 2011

traficantes de tierra y maderas. agentes de los EEUU. enemigos del cambio. subversivos. les llaman de todo por el delito de "ser dirigentes del TIPNIS". autor Jorge Jové en LT


El ordenamiento legal vigente establece que si la Fiscalía abre una investigación en contra de cualquier persona, ésta debe ser informada de que es objeto de un proceso. El derecho de cualquier sospechoso es saber cuál o cuáles son los supuestos delitos que se le atribuyen.
Nada de eso ha sucedido en el caso de los dirigentes indígenas que se oponen a la construcción de una carretera que partirá por la mitad un área protegida.
Los representantes de las colectividades asentadas en el Tipnis han sido objeto, para ponerlo en términos simples, de espionaje y persecución. No sólo ellos, también su entorno familiar.
Lo admitió el mismo Presidente del Estado en una entrevista concedida el domingo a los medios gubernamentales.
Esa fue una práctica común durante los gobiernos dictatoriales. Lo hicieron Barrientos, Banzer y García Meza.
¿Cuáles son los presuntos delitos que se les endilgan o por los que los dirigentes indígenas son investigados y por los que un fiscal ordenó a los operadores de telefonía celular que den a conocer los listados de las llamadas hechas desde y hacia sus aparatos móviles?
Ninguna autoridad quiso (o no pudo) responder esa pregunta.
Habrá que mencionar, sin embargo, que hablar por teléfono con quien sea no es un delito en sí mismo.
Al mostrar los listados, el Presidente puso en evidencia que los indígenas tienen amigos en Estados Unidos. No es un delito, a menos que se cambie el Código Penal y la nueva disposición no podría ser, por una elemental lógica jurídica, aplicada con retroactividad.
Ayer, el ministro Carlos Romero presentó documentos que muestran a los indígenas como presuntos traficantes de madera y de tierras.
Si así fuera, el Gobierno está en la obligación de procesar a quienes incurrieron en esos delitos, pero hacerlo con transparencia y claridad, someter a los sospechosos a un debido proceso y, si resultaran culpables, sancionarlos como corresponde. No espiarlos.
Sin embargo, cabe preguntarse por qué el Gobierno sale a formular tales denuncias cuando la protesta indígena está en marcha.
Da la impresión de que se trata de una argucia para crear malestar contra los indígenas.
 
El autor es periodista

sábado, 20 de agosto de 2011

Oscar Peña rememora el 21 agosto 1971 cuando Bánzer tomó el poder y desató feroz persecusión contra periodistas. encarcelados. exiliados. perseguidos por su postura izquierdista. "Nosotros los de entonces", como en el tango "ya no somos los mismos"


El 21 de agosto de 1971 es una fecha frontera para el periodismo boliviano. Agotados prematuramente los proyectos progresistas de Ovando y Torres, en esa fecha, de la que mañana se cumplen 40 años, irrumpe en el poder la derecha militar decidida a restaurar el antiguo orden de cosas que había logrado inquietar una propuesta política, propugnada por aquellos militares y su entorno civil,  que incluía nacionalizaciones y pactos sociales con los de abajo.
Traído del exilio al que marchó tras una fallida intentona golpista en enero del mismo año, el entonces coronel Banzer asumió un amplio liderazgo que abarcaba las tendencias castrenses conservadoras, el partido más importante de ese momento que era el MNR y la provisoriamente resucitada FSB, en una alianza que contó con la aprobación y la participación de los principales grupos burgueses del país.
Para los periodistas, el golpe de estado surtió los efectos de un mazazo. Tratados hasta entonces con respeto y consideración por los gobiernos constitucionales que se sucedían desde 1952, ven de pronto que sus domicilios son allanados y ellos mismos encerrados por decenas en las cárceles políticas. Una cantidad aún mayor logra eludir la persecución sañuda y marchan al exilio, sea bajo la protección de embajadas extranjeras o en forma clandestina. Jamás en la historia de la República los periodistas habían sufrido embate semejante.
En la perspectiva histórica, hoy debemos admitir que la represión a los periodistas tuvo un motivo. Fue sañuda, despiadada e indiscriminada, pero tuvo un motivo: los periodistas o trabajadores de la prensa habíamos asumido un compromiso y estábamos involucrados en la lucha del pueblo boliviano por sus derechos. El mayo francés y las guerrillas que tuvieron por escenario trágico al territorio boliviano, así como nuestra adhesión al movimiento obrero organizado, brindaron a los represores la oportunidad para saldar cuentas con mujeres y hombres de las filas periodísticas. Pero lo dicho, por cierto, no justifica la represión. Nada justifica ninguna represión y menos si tiene el matiz selectivo que apunta con mira telescópica a un derecho fundamental como es la libertad de expresión.
Recuerdo el clima vibrante del exilio periodístico en Buenos Aires. Grabada está en mi memoria la convicción revolucionaria –en el sentido de luchar por la igualdad y la justicia, y contra toda forma de explotación y discriminación- que caracterizaba a los periodistas echados del país por la intolerancia elevada a grado sumo.
Años después empezaron a soplar los vientos del neoliberalismo y el señor Fukuyama, acompañado por la salva de aplausos del mundo conservador, dictaminaba el fin de la historia. El ocaso de las ideologías. El exterminio de las utopías. El tiempo unipolar.
Todo, para erigir altares de culto al hegemónico reinado del dios mercado. Poco duró la fiesta. La aguaron los chinos. Ahora el orbe de Fukuyama trastabilla en casi todas las grandes capitales europeas y también en Nueva York y Washington.
 Muchos intelectuales formados en la izquierda, ya marxista ya trotskista, aceptaron el sepelio de sus utopías y, en Bolivia, adhirieron al entonces boyante neoliberalismo en la época llamada “gonismo”. Hoy se los nota un poco incómodos pues parece que algunas utopías han triunfado sobre su muerte declarada.
Los periodistas de 1971 terminamos en diáspora. Ubicados en diferentes puntos del abanico de ideas políticas. Unos cuantos nos mantenemos en nuestros 13. Otros, han tomado de pequeñas a grandes distancias. Hay diferencias. Y son notorias.
¿No somos los mismos?

miércoles, 17 de agosto de 2011

coca versus pachamama. dos épocas, dos visiones que compara bien Humberto Vacaflor para pensar y actuar


Dos parques en destrucción: Choré, que ya ha sido invadido por los cocaleros, y el Isiboro Sécure, que está en el ‘menú’ de los ‘colonizadores’.
La tensión en Yapacaní puso a los campesinos de la zona en contra de los cocaleros que invadieron Choré y lo han convertido en un territorio donde no puede entrar ni la Policía ni el Ejército.
Miguel Campero, dirigente de la zona, dijo que los cocaleros y los narcotraficantes crearon en Choré el control de territorio que hacen las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en Colombia y Sendero Luminoso en Perú.
Aunque la marcha en defensa del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) es muy importante, la pelea más difícil se da por Choré, porque ese ya es un nuevo Chapare, con el agravante de que los narcotraficantes colombianos aportan con su experiencia para crear una especie de grupo sedicioso. El Ejército podría verse pronto en situación de combatir a un grupo sedicioso.
Es decir, los cocaleros están llevando al país a un desastre político, además de a un desastre ecológico.
El Gobierno nacional tendría que advertir el riesgo que ha surgido en Choré y decidir recuperar ese parque, expulsando a cocaleros y narcotraficantes.
Eso sería para evitar que surja allí un territorio controlado por los mercenarios que protegen a cocaleros y narcos, como en Colombia y Perú.
Se debe ordenar que la carretera no atraviese el Tipnis y haga un desvío. José Kinn, presidente del directorio de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), me dijo que eso es posible.
La coca se ha convertido en enemiga de la Pachamama. El Gobierno, es cierto, es dirigido por un cocalero. Pero si se pusiera a pensar en el país, que es para lo que están los gobernantes, tendría que advertir que la coca está destruyendo la Pachamama y está distorsionando la economía, además de socavar la moral de los bolivianos.
El blindaje que tiene ahora la economía boliviana ante la crisis internacional, cuando las materias primas tienden a caer de precio, es solamente la droga: la única exportación que no es afectada por la crisis del capitalismo.
 *  Periodista


viernes, 12 de agosto de 2011

apareció un candidato fantasma. un simple mensajero cuya foto figura en la kilométrica papeleta quizá por "error" que nadie reconoce, ja, ja, ja!

El tango “Siglo XX”, el que dice que “da lo mismo un burro que un gran profesor”, se ha quedado corto frente a lo que está sucediendo con el proceso “histórico”, “inédito” y “excepcional” de elección por voto directo de las autoridades del poder judicial, sistema que solo a Bolivia podría habérsele ocurrido desde que los griegos comenzaron a hablar de democracia hace 2.300 años. Resulta que acaba de aparecer un candidato fantasma, que no solo fue capaz de burlar el sistema de admisión de postulantes, sino que también fue incluido entre los depurados. Se trata de Víctor Adolfo Quiñajo Paredes, un simple mensajero que acudió a la Asamblea Legislativa a registrar a Wilber Choque Cruz, el verdadero interesado en convertirse en magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Ahora todos se lavan las manos y dice que la culpa de todo la tiene el o la secretaria que tuvo a su cargo la recepción de los documentos. ¿Quién revisó? ¿Quién supervisó? ¿Quién verificó? En Bolivia estamos acostumbrados al “masomenismo”, al “yo le meto nomás” y obviamente los resultados están a la vista. Votar por un fantasma sería la mejor opción para rechazar este zafarrancho.

lunes, 8 de agosto de 2011

José Gramunt jesuíta y comentarista de fuste se refiere a "los gastos reservados" como el pretexto que utiliza SE para perseguir a opositores, se pregunta cuándo les tocará el turno a los "perseguidores de hoy"

Con más frecuencia de la deseable se habla de los gastos reservados. Es un nombre y apellido cuyo sentido se presta a la ambigüedad. En efecto, podría tratarse de un dinero que se ha inscrito en un libro aparte del presupuesto general, como un fondo para casos imprevisibles. Fondos reservados siempre los ha habido en todos los regímenes políticos.  Es una necesidad para la seguridad ciudadana, prevenir delitos en su contra y también para la seguridad nacional, frente a la amenaza de una agresión exterior. Esta es la verdadera justificación de esos fondos.

Algunos les llaman “fondos discrecionales” o “gastos misceláneos”. Los angloparlantes los califican como “confidencial expenses”. El nombre no es lo que importa, lo que sí importa es el uso que se les dé. Está claro que me refiero a dinero del estado. En algunos sistemas presupuestarios ese dinero está simplemente a merced de la honradez y probidad de la autoridad a quien se han confiado. Incluso en ciertos casos existe una comisión muy selecta del  parlamento que puede evaluar el uso de ese dinero. Pero la experiencia enseña que la discrecionalidad en la utilización del dinero se presta su mal uso.

Con estos recursos confiados a la libre disponibilidad a algunas autoridades que no rinden cuentas a nadie se recompensan los servicios de sobornos, delaciones, soplones, espionajes, información secreta, se compran conciencias, transfugios y votos, pinchazos telefónicos; se viola la intimidad de algunas personas, se recompensa a felones y sicarios. Con esos “gastos misceláneos” se lubrican los pingües sobreprecios de proveedores de  empresas estatales, y se duplican los costos de las obras públicas. Todo entra en la clasificación de gastos reservados. En el caso de Bolivia, el actual gobierno anunció la supresión de los gastos reservados. Sí, suprimió el nombre de la partida presupuestaria, pero no suprimió las lubricaciones subrepticias ni clausuró la guarida de Alí Babá y los cuarenta ladrones.

Pero el hecho que deseo subrayar en este artículo no es tanto lo que he dicho y que todo el mundo sabe. Lo que sí quiero  destacar es el hecho de que, cuando el gobierno le ha puesto el ojo a un adversario limpio de polvo y paja, que le molesta, sin que tenga en su prontuario delito, falta o distracción algunas, lo empapela con denuncias -reales o inventadas- sobre el mal uso de supuestos fondos reservados. Se echa mano del recurso del mal uso de grandes o chicas “confidencial expenses” y de allí, lo transfiere a tribunales de dudosa probidad y, luego lo envía a galeras o le obliga a salir del país en busca de aires más saludables.

A la vista de estos hechos –y los que aún están ocultos– uno podría preguntarse qué pasará el día en que las ollas hirvientes de gastos discrecionales o misceláneos se destapen y nos sirvan en plato sopero el gran puchero nacional.

viernes, 5 de agosto de 2011

hecho contundente Sol de Pando publicación quincenal dirigida por Wilson García fue confiscada por personal de la Gobernación en Cobija provocando verdadero escándalo comunicacional

El asesor jurídico de la Gobernación de Pando, Ricardo Torres, aseguró hoy que fueron dos funcionarios de esa institución quienes secuestraron más de dos mil ejemplares de la edición 22 del periódico Sol de Pando.

El abogado de esa entidad pública, en declaraciones a la Red Erbol, identificó a Ernesto Cornejo y Ximena Ruiz como los responsables o director involucrados en este entuerto de "supuesta confiscación o amedrentamiento del periódico Sol de Pando".

“Existen dos personas comprometidas en este hecho, que son funcionarios de la Gobernación; sin embargo, estas dos personas también están ligadas al periódico Sol de Pando. Cornejo resultó ser coordinador regional y responsable del periódico en Cobija, en ese entendido, recibió una carga del periódico (…) por otra parte, Ruiz compró, de acuerdo a sus declaraciones, 500 ejemplares para distribuir en algunas entidades públicas, como siempre lo hacía”, dijo.

El director del quincenario Wilson García acusó al gobernador Luis Adolfo Flores de haber ordenado el decomiso, porque consignaba una nota que refleja actos de corrupción en su gestión actual.

La revelación de Torres surge luego que la encargada de ventas en Cobija, Virginia Guachalla identificó a dos allegados del gobernador pandino como los autores de ese atentado.

La damnificada manifestó su temor, a medios de prensa de Cobija, porque se tomen represalias en su contra por la denuncia. “Yo tengo miedo, señor Evo Morales, que me pase algo por denunciar porque ellos me han dicho que les diga a los de Sol de Pando que los has vendido. Yo quería recoger y vender, pero me han amenazado, me preguntaron ¿o quieres perder tu trabajo digno?...Estaba prohibido vender estos ejemplares”, dijo Guachalla, según El Diario.

Defensa a gobernador

El Asesor Jurídico no descartó que los funcionarios hayan actuado en “apoyo a Flores”, aunque aclaró que la primera autoridad pandina desconocía del hecho.

“Puede ser que haya primado un sentimiento de defensa hacia su autoridad, pero no caería en una especie de subjetivismo. Podría ser una posibilidad”, confesó.

Según Ricardo Torres, el empleado de la gobernación Cornejo era coordinador nacional y responsable (de Sol de Pando) y que trabajaba de manera estrecha con Wilson García.

“El habría recibido una porción para que haga llegar a las organizaciones sociales. Jimena Ruiz compró 500 ejemplares para distribuir entre algunas entidades públicas. No conocíamos que tenían esta actividad extra a la gobernación. Si se encuentra responsabilidades, se sancionará”, apuntó.

miércoles, 3 de agosto de 2011

la asamblea permanente de los DDHH ha lanzado la siguiente denuncia pública en contra del aparato represivo de Evo Morales.

DENUNCIA PÚBLICA

La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia expresa su preocupación respecto a la situación de los derechos humanos de un ciudadano peruano que tiene la condición de REFUGIO POLITICO en Bolivia, dos solicitantes de refugio que se encuentran en territorio nacional, uno de ellos con su esposa e hijo de un año y cuatro meses.

Como es de conocimiento público, el día de ayer 1 de agosto efectivos policiales allanaron un domicilio en la ciudad de El Alto en inmediaciones de la Universidad Pública de El Alto porque tenían la información de que en su interior podían encontrar droga o insumos para la fabricación de estupefacientes. Grande fue su sorpresa al percatarse que fueron mal informados porque no encontraron nada que involucre a sus ocupantes con hechos de narcotráfico. Ante esa circunstancia, en lugar de disculparse por el abuso cometido, procedieron a inventarse el delito de terrorismo, deteniendo a los ocupantes del inmueble y acusándolos de terrorismo. No satisfechos con ello precipitaron una reunión del Consejo Nacional del Refugio - CONARE para el día de hoy 2 de agosto, con la finalidad de lograr que dicha instancia revoque la CONDICION DE REFUGIADO del ciudadano José Cantoral y no se atienda la solicitud de refugio de los demás ciudadanos peruanos.

Por lo expuesto, en defensa de los derechos humanos, de los tres varones, la madre y del niño, a tiempo de condenar el atropello cometido por las fuerzas policiales contra la dignidad de estos seres humanos, solicitamos a la CONARE, se dignen tratar el caso con la DEBIDAECUANIMIDAD, respeto al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, preservando los principios enarbolados por la Convención sobre el Estatuto del Refugiado, especialmente el relacionado al “PRINCIPIO DE NO DEVOLUCION”. Asimismo, denunciamos públicamente y ante las Organizaciones Internacionales de Derechos Humanos la violación a los derechos humanos contra los tres varones, la madre y el niño, pidiendo a la CONARE realice el reclamo formal ante el Gobierno Nacional por el atropello cometido.

--
*Yolanda Herrera*
Presidenta *APDHB*

repetimos la extensa y prolija crónica de Los Tiempos sobre la nueva Ley


gente de radio y de televisión y de las cooperativas telefónicas está movilizada ante la promulgación de Ley que vulnera sus intereses y recorta las libertades. prolija crónica de Los Tiempos


El control del 67 por ciento de las licencias de operación de radio y televisión por parte del Gobierno y sectores afines, las escuchas telefónicas y el reconocimiento del uso de la red externa de las empresas de telefonía móvil en desmedro de las cooperativas que prestan el servicio de telefonía fija, han puesto en alerta a medios de comunicación y las cooperativas telefónicas; además, causó el rechazo de legisladores de la oposición.
Esas disposiciones están incluidas en la Ley de Telecomunicaciones, que fue sancionada por la Cámara de Senadores la noche del jueves. Su promulgación podría darse en cuestión de horas.
La Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) considera la ley como un nuevo atentado contra la libertad de prensa y expresión.
Asimismo, denuncia que viola la Constitución y el espíritu de la Convención Americana de los DDHH y la Carta Democrática de la OEA, en cuanto al derecho a la privacidad, la intimidad y la libre expresión, al permitir las escuchas telefónicas, así sea en casos de peligro del Estado, amenaza externa, conmoción interna o desastres.
El presidente de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), Marco Dipp, expresó su preocupación de que esta ley restrinja el espacio de los medios privados, “que es donde realmente se puede ejercer la profesión en forma independiente” y que el estado tome el control de la mayoría del espectro.
Según el senador de Convergencia Nacional Bernard Gutiérrez, la normativa deja abierta la interpretación de esos “casos extremos” para suspender el secreto de las comunicaciones privadas, a la discrecionalidad de las autoridades de Gobierno, porque no se exige ni orden judicial.
Los legisladores oficialistas rechazaron esas denuncias, porque la ley no habla de las escuchas telefónica. Aseguraron que la nueva norma se enmarca en la Constitución.
La Asociación Boliviana de Radiodifusoras (Asbora) anunció que de las 680 radioemisoras registradas en el país, tendrán que cerrarse unas 400 para ajustarse a los nuevos porcentajes de distribución de licencias.
El sector privado y comercial que domina el espectro electromagnético con más del 90 por ciento de las licencias de funcionamiento, con la nueva ley, reducirá su participación al 33 por ciento. Mientras que el control de los otros dos tercios de los medios audiovisuales estará en manos del Gobierno, sectores indígenas y movimientos sociales.
La Federación de Cooperativas de Telecomunicaciones de Bolivia (Fedecotel) asegura que la nueva ley es una “sentencia de muerte” para las cooperativas telefónicas, porque les limitará en la recaudación de recursos económicos, pues las llamadas que los usuarios de las cooperativas realicen desde un teléfono fijo a un celular serán recursos que beneficiarán a las empresas de telefonía móvil.
Las cooperativas telefónicas preparán un recurso de inconstitucionalidad, para presentarlo ni bien sea promulgada la ley.
La nueva normativa también ha sido criticada porque establece que los canales de televisión y las emisoras de radio deberán trasmitir gratuitamente cada año dos discursos del presidente Evo Morales. Si el mandatario promulga la norma antes del próximo 6 de agosto, aniversario de la fundación del país, los medios deberán transmitir en cadena su mensaje a la nación.
Las autoridades de Gobierno y legisladores del oficialismo rechazaron todos esos cuestionamientos y críticas; el ministro de Comunicación, Iván Canelas, dijo que es una ley que "profundiza la democracia al permitir el acceso al manejo de medios a indígenas y organizaciones sociales".
El presidente de la Cámara de Senadores, René Martínez (MAS), aseguró que no hay ninguna vulneración a la Constitución. “Está en el resguardo de los derechos, y el resto entiendo que ha sido más una distorsión (de la oposición) para  abanderar alguna observación que no tiene sentido mucho menos fundamentación”, afirmó Martínez.
La Ley de Telecomunicaciones fue sancionada el jueves pasado por la Cámara de Senadores. En el debate se descartaron todas las propuestas de cambios al proyecto aprobado en Diputados la semana pasada.

Acusa a radios
El presidente Evo Morales acusó ayer a "algunas radios" de oponerse a su gestión de Gobierno, con el propósito de perjudicarlo a él y al vicepresidente Álvaro García Linera, "pero lo que provocan es perjudicar al pueblo boliviano", sostuvo.
"¿Saben por qué se oponen? Ellos piensan que oponiéndose hay que perjudicar al Evo, hay que perjudicar al Álvaro, hay que desgastar al Evo. Esa es su primera tarea”, afirmó ayer Morales sin mencionar nombres de radios, durante un acto en Laja, en La Paz.

400 radioemisoras en riesgo
El presidente de la Asociación Boliviana de Radiodifusoras (Asbora), Raúl Novillo, dijo ayer que con la Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación aprobada el jueves, cerca de 400 radioemisoras están conminadas a desaparecer, así como generar el desempleo de más de 1.000 personas entre periodistas, técnicos y administrativos.
Novillo, que lamentó la aprobación de la ley sin tomar en cuenta las observaciones de Asbora, como se había comprometido el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Marcelo Elio, y otras autoridades gubernamentales, dijo estar “alarmado” por las decisiones que toma la Asamblea legislativa Plurinacional ignorando las propuestas de los sectores involucrados.
Indicó que en las próximas horas se reunirá con su equipo jurídico para analizar artículo por artículo para después agotar todas las instancias legales en Bolivia. “Si no vemos resultados pues acudiremos a los internacionales pero lamentablemente ya lo hemos experimentado con la Ley Contra el Racismo”, aseveró.
El asesor legal de Asbora, Mario Andrade, explicó que esa distribución en la Frecuencia Modulada (FM) generará que por lo menos unas 400 radioemisoras que son comerciales se vean imposibilitadas de acceder a operar, porque este sector será utilizado por las radioemisoras estatales, como las comunitarias y las indígenas campesinas.

VERSIÓN FALSA
Senadores del Movimiento Al Socialismo denunciaron la circulación, vía facebook, de un falso contenido del Artículo 111 de la Ley de Telecomunicaciones.
“Las escuchas telefónicas se producirán en casos de seguridad del Estado, amenaza externa, conmoción interna, etcétera...”, esa no es la versión de la Ley aprobada, dijo la senadora Gabriela Montaño, al anunciar que será en otra ley que se tratará el tema.
El texto correcto dice: “En casos de peligro para la seguridad del Estado, amenaza externa, conmoción interna o desastres, los operadores y proveedores de telecomunicaciones (...) estarán obligados a cooperar y poner a disposición de las autoridades públicas legítima y legalmente constituidas, de manera gratuita y oportuna, las redes y servicios, así como la emisión, transmisión y recepción de las telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación que les sean requeridas”.

FECOTEL
La Federación de Cooperativas de Telecomunicaciones de Bolivia (Fecotel) reacomoda su estrategia y encara un nuevo plan para tratar de revertir varios artículos del proyecto de ley de telecomunicaciones que les afectan.
El gerente general de Fecotel, Jorge Gonzales, dijo que tres son los frentes por donde encarará su lucha: un recurso legal de inconstitucionalidad contra la norma, la participación activa en el proceso de reglamentación de la ley y el pedido de licencia de la cuarta frecuencia para ser operadores de telefonía móvil.
El presidente de Fecotel, Hugo Franco, comenzó ayer a realizar las consultas con los ejecutivos de las 15 cooperativas afiliadas, a fin de fijar fecha y hora para el encuentro.

ATAQUES
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció y alertó ayer en Miami (Estados Unidos) sobre el deterioro de la libertad de prensa en Latinoamérica, como consecuencia de la violencia causada por el crimen organizado y el “acoso judicial y legal” a periodistas y medios.
Tras una reunión en Miami, el Comité Ejecutivo de la SIP expresó su preocupación por las muertes no esclarecidas de varios periodistas en México.
La SIP describió de “hipócrita y nefasta” la política de los gobiernos de Argentina, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela, que en los últimos años han concentrado gran cantidad de medios de comunicación, que usan como órganos de propaganda.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL DE 1999

Las comunicaciones privadas son inviolables

El Tribunal Constitucional declaró en 1999, mediante una sentencia, inconstitucional la frase "salvo disposición judicial a favor de autoridad competente...", contenida en el Art. 37 de la Ley 1632 de 5 de julio de 1995, en la que se incluyó la posibilidad de poder interceptar, interferir y desviar comunicaciones privadas con “esa excepción”.
El recurso Directo o Abstracto de Inconstitucionalidad planteado por la entonces Defensora del Pueblo Ana María Romero de Campero, en contra del Art. 37 de la Ley 1632 de 5 de julio de 1995, se lo hizo alegando la violación del derecho a la privacidad y la intimidad inherente a la persona humana. El recurso fue contestado por Jorge Quiroga Ramírez, en su condición de Presidente del Congreso Nacional.
El texto del Art. 37, contiene una permisión legal para que en virtud a una orden judicial otorgada en favor de autoridad competente, se pueda interceptar, interferir y desviar comunicaciones privadas. "Artículo 37º.- INVIOLABILIDAD DE LAS COMUNICACIONES.- Los servicios de telecomunicaciones son declarados de utilidad pública. Salvo disposición judicial en favor de autoridad competente, queda terminantemente prohibido interceptar, interferir, obstruir, alterar, desviar, utilizar, publicar o divulgar el contenido de las telecomunicaciones", fundamenta el fallo judicial.
Agrega que el Art. 20 de la Constitución Política (vigente hasta el pasado año) consagra la inviolabilidad de la correspondencia y los papeles privados, los cuales no podrán ser incautados sino en los casos determinados por las leyes y en virtud de orden escrita y motivada de autoridad competente. No producen efecto legal los documentos privados que fueren violados o sustraídos.
“Ni la autoridad pública, ni persona, ni organismo alguno podrán interceptar conversaciones y comunicaciones privadas mediante instalación que las controle o centralice”.
En consecuencia, ratifica que “se preservan los derechos a la intimidad de todas las personas evitando actos arbitrarios que violen la privacidad y la reserva, independientemente de que su revelación puede o no acarrearle perjuicios, sin ninguna excepción...”.

repetimos la crónica de Roberto Méndez aparecida en El Dia, publica en nuestro blo Gente de Radio


Roberto Méndez de El Día denuncia la Ley que contempla el pinchaje o la escucha telefónica. la oposición declara que ya existe tal delito por agentes cubanos y venezolanos que pretenden hacerlo legal invadiendo la privacidad ciudadana

Mientras en tres países: Colombia, Argentina y Reino Unido se han desatado escándalos derivados de las escuchas telefónicas, en Bolivia, la Asamblea Legislativa Plurinacional acaba de aprobar la Ley de Telecomunicaciones, que contempla "en caso de peligro del Estado, amenaza externa, conmoción interna o desastres" la obligatoriedad que tienen las compañías de comunicación de facilitar al Estado, mediante orden judicial y con motivo fundado, los canales para que se intervengan las conversaciones privadas.
El tema ha levantado polémica porque atenta contra los derechos humanos, definidos estos como Derechos Humanos que pueden como aquellos derechos que se atribuyen a las personas, que suponen una serie de barreras y de exigencias frente al poder del Estado en cuanto a ámbitos de exclusión o autonomía respecto del poder del mismo.
Y dentro  de esos derechos, tenemos el derecho a la intimidad, que a su vez comprende los derechos a la  inviolabilidad de la correspondencia, intimidad frente a las escuchas telefónicas, intimidad frente a la informática e inviolabilidad del domicilio.
Por eso es que en algunos países, los ciudadanos cuando legislan sobre ese tema no permiten ni siquiera ser registrados con una Cédula de Identidad, por temor a la invasión a su vida privada.
Porque la tentación está ahí, a la vuelta de la esquina, cuando estos instrumentos caen en manos no apropiadas basta recordar que un escándalo de escuchas ilegales provocó la renuncia de un presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, en 1974, en el caso Watergate.
En el Reino Unido, un periodista y un detective que trabajaban para el periódico sensacionalista británico News of the World fueron a parar a la cárcel en 2007 por interceptar ilegalmente mensajes telefónicos de un miembro de la realeza y poco después se estableció que esa era una práctica común que hizo tambalear al dueño del medio, el australiano-estadounidense Rupert Murdoch.
En Argentina, el actual jefe de gobierno de Buenos Aires, Mauricio Macri, está siendo enjuiciado por presuntas escuchas ilegales.
Y en Colombia, el escándalo se destapó luego que un funcionario del servicio secreto reveló que escuchaba conversaciones telefónica "para mantener informada a la Presidencia" de Álvaro Uribe.
En Bolivia los opositores lanzan el grito al cielo y dicen que ya eran escuchados por la inteligencia cubana y venezolana que opera en nuestras narices, pero que ahora todo será legal. Y ya están pensando volver a las señales de humo...

El autor es periodista y abogado

1 comentarios:


jap21 dijo...
Hay que denunciar todos los días, porque la propaganda oficial dice que aquí vivimos en el paraiso, y que las libertades son totalmente respetadas. Nada más incierto! El gobierno y sus agentes en el internet, por ej., mandan emails de amedrentamiento pidiendo que se retiren todos los comentarios contrarios a ellos "porque son mentiras", es decir que ellos solamente tienen la verdad, y los demás no debemos decir lo contrario! Mal gobierno, desgobierno total.

Recopilación de material

Por algún problema técnico surgido hace varios meses apareció una interferencia en la carátula de mi blog Gente de Radio, por lo que, con ayuda de un chip he de procurar recuperar sus contenidos de a poco e irlos publicando aquí, con ayuda técnica invalorable de mis hijos Arturo y Mauricio que son expertos en estas áreas. empezaremos por las últimas ediciones e iremos en órden cronológico descendente presentando sus contenidos.