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miércoles, 30 de diciembre de 2015

se viene la dictadura informática, lo expresa El Dia editorialmente por cuanto hay en marcha un proceso de finiquito de la comunicación social a la par que se prhija el nacimiento de un monopolio como en Cuba donde nadie puede escribir, nadie puede opinar que no esté entre "los permitidos por el régimen" sujeto a sus designios.

Recientemente se ha confirmado que está en marcha un proceso de liquidación de la comunicación social en Bolivia y la instauración de un modelo de monopolio estatista a imagen y semejanza de los regímenes autocráticos, como el cubano, que no da espacio ni voz a nadie que no pertenezca a las élites políticas que monopolizan también el estado y los medios de producción. Ellos dicen que representan la voluntad de todos, al pueblo y las mayorías, pero esas son pamplinas, pues únicamente defienden sus intereses y sus apetitos de grupo.
Nos estamos refiriendo al cierre de alrededor de 500 medios de comunicación entre estaciones de radio y canales de televisión, que deberán interrumpir sus  emisiones hasta el 2019, de acuerdo a las reglas impuestas por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) que estableció nuevas fórmulas para la otorgación de licencias, que lógicamente favorecen la construcción de la dictadura informativa que viene a consolidar un proceso que empezó hace diez años con el fortalecimiento del aparato propagandístico, la creación de cadenas nacionales, la compra de medios denominados “paraestatales” y el debilitamiento de los órganos de prensa independientes a través de legislación adversa, el ataque político sistemático, el acoso impositivo y laboral y la discriminación relacionada con la publicidad de las instituciones públicas.
Para disimular este avasallamiento, el régimen ha ideado un sistema que le deja un resquicio a los medios de comunicación independientes que deberán pujar a la manera de una subasta por una franja de frecuencias que dejará afuera a ese medio millar de emisoras y canales. Es obvio que esta franja también pesarán los factores políticos y económicos, como sucede en todos los ámbitos del quehacer nacional, donde el poder hegemónico controla todo.
Y por si fuera poco, la nueva ley de Telecomunicaciones que impone las reglas, establece que el 67 por ciento del espacio radiofónico y de frecuencias televisivas le corresponde al Estado y los movimientos sociales, donde el componente ideológico favorable al oficialismo es ineludible. En términos reales, el aparato estatal se apodera del 33 por ciento de la banda, el 17 por ciento corresponde a la categoría “Social comunitaria” y el restante 17 por ciento para los pueblos indígena originario campesinos, y las comunidades interculturales y afrobolivianas, lo que evidencia el sesgo monopolizador que posee esta norma.
En estas condiciones no solo existe el peligro de lanzar el tiro de gracia contra la libertad de expresión, sino terminar con la única franja de pluralismo que le queda al país, donde la democracia pierde cada vez más terreno.
En el marco de la debilidad institucional y el divorcio existente entre estado y sociedad, la comunicación se constituye en Bolivia en un espacio de participación, de interpelación y de aporte de diferentes sectores que tienen el derecho constitucional y básico de expresarse. Con esta nueva realidad, las reducidas élites gobernantes se quedan como las únicas autorizadas para imponer sus ideas y sus decisiones.
Se ha confirmado el cierre de 500 medios de comunicación entre estaciones de radio y canales de televisión, que deberán interrumpir sus  emisiones hasta el 2019, de acuerdo a las reglas impuestas por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) que estableció nuevas fórmulas para la otorgación de licencias, que lógicamente favorecen la construcción de la dictadura informativa.

sábado, 19 de diciembre de 2015

Lupe Cajías que al parecer saludó la aparición de TELESUR muestra hoy desilusión y frustración por cuando lo que pudo haber sido un auténtito instrumento mediático para nuestro continente, necesitado sí de un vocero que proclamase los ideales colectivos de Democracia, Justicia, Desarrollo y que el chavismo convirtió en mero instrumento de propaganda sostenido con recursos del ALBA camino de extinsión.

El saldo negativo del populismo del siglo XXI tiene al menos tres componentes con un altísimo costo para el desarrollo de la región: la captura del Estado por las mafias del circuito coca-cocaína; la acelerada desinstitucionalización de la administración pública, particularmente de la administración de justicia, y la cooptación de la prensa.

El canal internacional Telesur es una muestra de los límites de la comunicación ideologizada y altamente dependiente de un gobierno de turno. Esta propuesta fue diseñada inicialmente con el impulso de la teoría latinoamericana de comunicación con el objetivo de romper el desequilibrio informativo mundial, pero fue usada y abusada por el chavismo y sus adláteres.

Telesur se presentó con un equipo de experimentados periodistas y teóricos y una programación que contemplaba la difusión de la cultura latinoamericana, historias de los movimientos obreros, biografías de patriotas que no son tomadas en cuenta por las cadenas corporativas. Además se relacionó con empresas alternativas en otros continentes, sobre todo Asia, para difundir versiones bien diferentes a las de CNN sobre los conflictos más complejos.

Sin embargo, pronto los noticiarios, los programas de análisis y las transmisiones directas de todas las actividades de Hugo Chávez y de sus amigos Evo Morales y Cristina Fernández eran una contradicción con la ‘comunicación alternativa’. El canal financiado por el Gobierno venezolano distorsionaba la realidad local y ocultaba las protestas populares, como el caso del Tipnis. O, por ejemplo, en vez de mostrar a Mauricio Macri el día de su victoria, difundió imágenes del resultado de otras elecciones, en las que él aparecía de amarillo mientras los otros canales lo mostraban con camisa azul y, obviamente, las palabras eran para otra ocasión.

Seguramente, una de las próximas investigaciones de la nueva Asamblea Legislativa venezolana será el caso del dinero gastado por la cadena chavista. ¿Cuánto dinero dio el poder chavista a periodistas oficialistas en diferentes países de la ALBA? ¿Qué famosos comentaristas se beneficiaron con esos pagos? ¿Dio Venezuela dinero al canal estatal boliviano? Además de la radio de los cocaleros, ¿qué otros medios ‘comunitarios’ recibieron fondos venezolanos?

Telesur, la cooptación de periodistas, las clausuras o la compra de medios, las amenazas y los exilios de periodistas no lograron revertir las victorias de los opositores al populismo. Entonces, también quedan las preguntas: ¿cuán poderosos son realmente los medios de comunicación de masas? ¿Pueden esconder la realidad