Es cada vez más fuerte la presión internacional para que Bolivia reduzca sus cultivos de coca a las 12.000 hectáreas que por ley fijó en 1988. Estados Unidos y los países de la Unión Europea encabezan tal apremio.
Con bastante recurrencia, sobre la base de levantamientos satelitales, se alarma al mundo con datos indicativos de que hoy existen en el país 35.000 hectáreas de coca, cifra que en forma drástica sobrepasa el límite fijado. Es lo que consta en el último informe anual de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (Unodc, por su sigla en inglés).
A través de Brasil, sobre todo, país con el cual mantiene una estrecha alianza en la lucha contra las drogas, Estados Unidos estrecha el cerco militar-policial a los narcos que contrabandean la cocaína producida en Bolivia o que les llega desde el Perú.
Entretanto, entrampado como está en la insularidad respecto a un combate que asume riguroso carácter internacional en el marco de la cooperación, tanto en recursos como en información, Bolivia no puede contener el brioso avance del narcotráfico en su territorio, como lo acredita la ya abultadísima contabilidad de incautaciones de droga y plantas clandestinas.
Con bastante recurrencia, sobre la base de levantamientos satelitales, se alarma al mundo con datos indicativos de que hoy existen en el país 35.000 hectáreas de coca, cifra que en forma drástica sobrepasa el límite fijado. Es lo que consta en el último informe anual de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (Unodc, por su sigla en inglés).
A través de Brasil, sobre todo, país con el cual mantiene una estrecha alianza en la lucha contra las drogas, Estados Unidos estrecha el cerco militar-policial a los narcos que contrabandean la cocaína producida en Bolivia o que les llega desde el Perú.
Entretanto, entrampado como está en la insularidad respecto a un combate que asume riguroso carácter internacional en el marco de la cooperación, tanto en recursos como en información, Bolivia no puede contener el brioso avance del narcotráfico en su territorio, como lo acredita la ya abultadísima contabilidad de incautaciones de droga y plantas clandestinas.
Una política estatal, claramente dirigida a beneficiar los intereses de los productores de coca de Chapare, marca la característica del actual interregno antinarcóticos en Bolivia. Se considera que de 1988 a la fecha, el consumo tradicional de coca (acullico), así como su aplicación a fines ritual-religiosos y sectores industriales, se ha incrementado al ritmo del crecimiento demográfico.
Por tanto, aquellas 12.000 hectáreas de coca deben ser ampliadas a 20.000.
No tuvo que pasar mucho tiempo para que la UE decidiera contribuir con el financiamiento de todo un programa de indagación que conduzca a conclusiones inequívocas sobre la magnitud real del consumo tradicional de la coca en Bolivia. Aportará con nada menos que un millón de dólares, cifra que demandará una cuidadosa recopilación de datos desde diversas fuentes: encuestas de hogares, volúmenes reales de la coca que llega al mercado, evolución de estas áreas feriales, destinos de la glauca hojita y políticas públicas sobre el tema.
El censo nacional a realizarse en noviembre de este año era el medio más idóneo para establecer qué porcentaje de la población de bolivianos mastica coca, la bebe en infusión o la emplea en fines ritual-religiosos. Bastaba incorporar la respectiva pregunta a las 49 de la boleta censal. Lamentablemente, no se lo hizo. Sujeta a reducido universo social, los resultados de las ‘encuestas de hogares’ no arrojarán datos muy representativos.
¿Temor a que a la pregunta de los registradores del censo, millones de bolivianos respondan que no son adictos al acullico?
(*) Abogado y periodista
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