Recientemente se ha confirmado que está en marcha un proceso de liquidación de la comunicación social en Bolivia y la instauración de un modelo de monopolio estatista a imagen y semejanza de los regímenes autocráticos, como el cubano, que no da espacio ni voz a nadie que no pertenezca a las élites políticas que monopolizan también el estado y los medios de producción. Ellos dicen que representan la voluntad de todos, al pueblo y las mayorías, pero esas son pamplinas, pues únicamente defienden sus intereses y sus apetitos de grupo.
Nos estamos refiriendo al cierre de alrededor de 500 medios de comunicación entre estaciones de radio y canales de televisión, que deberán interrumpir sus emisiones hasta el 2019, de acuerdo a las reglas impuestas por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) que estableció nuevas fórmulas para la otorgación de licencias, que lógicamente favorecen la construcción de la dictadura informativa que viene a consolidar un proceso que empezó hace diez años con el fortalecimiento del aparato propagandístico, la creación de cadenas nacionales, la compra de medios denominados “paraestatales” y el debilitamiento de los órganos de prensa independientes a través de legislación adversa, el ataque político sistemático, el acoso impositivo y laboral y la discriminación relacionada con la publicidad de las instituciones públicas.
Para disimular este avasallamiento, el régimen ha ideado un sistema que le deja un resquicio a los medios de comunicación independientes que deberán pujar a la manera de una subasta por una franja de frecuencias que dejará afuera a ese medio millar de emisoras y canales. Es obvio que esta franja también pesarán los factores políticos y económicos, como sucede en todos los ámbitos del quehacer nacional, donde el poder hegemónico controla todo.
Y por si fuera poco, la nueva ley de Telecomunicaciones que impone las reglas, establece que el 67 por ciento del espacio radiofónico y de frecuencias televisivas le corresponde al Estado y los movimientos sociales, donde el componente ideológico favorable al oficialismo es ineludible. En términos reales, el aparato estatal se apodera del 33 por ciento de la banda, el 17 por ciento corresponde a la categoría “Social comunitaria” y el restante 17 por ciento para los pueblos indígena originario campesinos, y las comunidades interculturales y afrobolivianas, lo que evidencia el sesgo monopolizador que posee esta norma.
En estas condiciones no solo existe el peligro de lanzar el tiro de gracia contra la libertad de expresión, sino terminar con la única franja de pluralismo que le queda al país, donde la democracia pierde cada vez más terreno.
En el marco de la debilidad institucional y el divorcio existente entre estado y sociedad, la comunicación se constituye en Bolivia en un espacio de participación, de interpelación y de aporte de diferentes sectores que tienen el derecho constitucional y básico de expresarse. Con esta nueva realidad, las reducidas élites gobernantes se quedan como las únicas autorizadas para imponer sus ideas y sus decisiones.
Se ha confirmado el cierre de 500 medios de comunicación entre estaciones de radio y canales de televisión, que deberán interrumpir sus emisiones hasta el 2019, de acuerdo a las reglas impuestas por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) que estableció nuevas fórmulas para la otorgación de licencias, que lógicamente favorecen la construcción de la dictadura informativa.
