El ordenamiento legal vigente establece que si la Fiscalía abre una investigación en contra de cualquier persona, ésta debe ser informada de que es objeto de un proceso. El derecho de cualquier sospechoso es saber cuál o cuáles son los supuestos delitos que se le atribuyen.
Nada de eso ha sucedido en el caso de los dirigentes indígenas que se oponen a la construcción de una carretera que partirá por la mitad un área protegida.
Los representantes de las colectividades asentadas en el Tipnis han sido objeto, para ponerlo en términos simples, de espionaje y persecución. No sólo ellos, también su entorno familiar.
Lo admitió el mismo Presidente del Estado en una entrevista concedida el domingo a los medios gubernamentales.
Esa fue una práctica común durante los gobiernos dictatoriales. Lo hicieron Barrientos, Banzer y García Meza.
¿Cuáles son los presuntos delitos que se les endilgan o por los que los dirigentes indígenas son investigados y por los que un fiscal ordenó a los operadores de telefonía celular que den a conocer los listados de las llamadas hechas desde y hacia sus aparatos móviles?
Ninguna autoridad quiso (o no pudo) responder esa pregunta.
Habrá que mencionar, sin embargo, que hablar por teléfono con quien sea no es un delito en sí mismo.
Al mostrar los listados, el Presidente puso en evidencia que los indígenas tienen amigos en Estados Unidos. No es un delito, a menos que se cambie el Código Penal y la nueva disposición no podría ser, por una elemental lógica jurídica, aplicada con retroactividad.
Ayer, el ministro Carlos Romero presentó documentos que muestran a los indígenas como presuntos traficantes de madera y de tierras.
Si así fuera, el Gobierno está en la obligación de procesar a quienes incurrieron en esos delitos, pero hacerlo con transparencia y claridad, someter a los sospechosos a un debido proceso y, si resultaran culpables, sancionarlos como corresponde. No espiarlos.
Sin embargo, cabe preguntarse por qué el Gobierno sale a formular tales denuncias cuando la protesta indígena está en marcha.
Da la impresión de que se trata de una argucia para crear malestar contra los indígenas.
El autor es periodista
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