Desde el pasado lunes 3, hasta el próximo viernes 14, representantes de más de 160 gobiernos del mundo están reunidos en Dubái, la capital de Emiratos Árabes Unidos, con motivo de la Conferencia de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). El propósito explícito de la reunión es revisar el Reglamento de las Telecomunicaciones Internacionales (RTI) que está vigente desde 1988. Sin embargo, más allá de las formalidades, es para todos evidente que el verdadero objeto de las deliberaciones es nada menos que el futuro de Internet.
La importancia del encuentro es obvia, si se considera que la última vez que los gobernantes del mundo se reunieron para debatir sobre la regulación de las telecomunicaciones fue antes del nacimiento de Internet, cuando lo que se entendía por telecomunicaciones era algo muy diferente a lo que ahora ese concepto significa para más de 2.000 millones de personas que realizan gran parte de sus actividades conectadas a la red.
Como no podía ser de otro modo, las deliberaciones que se realizan a puertas cerradas tienen en estado de máxima alerta a las más diversas organizaciones defensoras de los derechos civiles de todo el mundo y también a ejecutivos de las grandes empresas privadas que desde sus orígenes y hasta ahora, pero tal vez no en el futuro, dan vida a la red.
Lo que preocupa a todos quienes ven en Internet el más importante bastión de la libertad de expresión y por consiguiente todas las formas de libertad en el mundo actual es que, dadas las actuales circunstancias, el pequeño puñado de representantes de 160 países tienen en sus manos la posibilidad de liquidar a través de simples actos burocráticos todo lo que hasta ahora ha hecho posible la existencia de la “World Wide Web”. Y esa no es una exageración, si se considera que por lo menos 42 de los países que participan en la conferencia ya han puesto en vigencia restricciones legales que impiden a sus ciudadanos tener pleno acceso a la información que se difunde a través de la web.
El panorama es más desalentador aún si se considera que tras esos 42 países hay muchos más que quisieran seguir sus pasos y, si no lo hacen, es en gran medida porque la opinión pública mundial ha podido hasta ahora hacer prevalecer sus derechos. Un aval mayoritario a las políticas represivas daría a todos los regímenes autoritarios del planeta un aura de legitimidad.
Para cerrar el paso a esa posibilidad, se ha constituido una plataforma muy amplia de defensa de la libertad que bajo el rótulo “Take action” se propone movilizar durante los próximos días a personas, empresas, instituciones y gobiernos dispuestos a evitar que Internet termine siendo un instrumento al servicio de regímenes represivos.
Por ahora, Rusia, China, Irán y Egipto se han presentado en Dubái como los más entusiastas promotores del plan de sometimiento de Internet a la voluntad de los estados y gobiernos. En el otro bando, grandes corporaciones como Google, Facebook, Twitter, YouTube, entre muchas otras, encabezadas por personajes de la talla de Tim Berners-Lee o Vint Cerf (ambos considerados los “padres de Internet”), se han dado a la tarea de movilizar ciudadanos, empresas, instituciones y gobiernos democráticos del mundo para evitar que Internet deje de ser el espacio de libertad que hoy todavía es.
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