Con más frecuencia de la deseable se habla de los gastos reservados. Es un nombre y apellido cuyo sentido se presta a la ambigüedad. En efecto, podría tratarse de un dinero que se ha inscrito en un libro aparte del presupuesto general, como un fondo para casos imprevisibles. Fondos reservados siempre los ha habido en todos los regímenes políticos. Es una necesidad para la seguridad ciudadana, prevenir delitos en su contra y también para la seguridad nacional, frente a la amenaza de una agresión exterior. Esta es la verdadera justificación de esos fondos.
Algunos les llaman “fondos discrecionales” o “gastos misceláneos”. Los angloparlantes los califican como “confidencial expenses”. El nombre no es lo que importa, lo que sí importa es el uso que se les dé. Está claro que me refiero a dinero del estado. En algunos sistemas presupuestarios ese dinero está simplemente a merced de la honradez y probidad de la autoridad a quien se han confiado. Incluso en ciertos casos existe una comisión muy selecta del parlamento que puede evaluar el uso de ese dinero. Pero la experiencia enseña que la discrecionalidad en la utilización del dinero se presta su mal uso.
Con estos recursos confiados a la libre disponibilidad a algunas autoridades que no rinden cuentas a nadie se recompensan los servicios de sobornos, delaciones, soplones, espionajes, información secreta, se compran conciencias, transfugios y votos, pinchazos telefónicos; se viola la intimidad de algunas personas, se recompensa a felones y sicarios. Con esos “gastos misceláneos” se lubrican los pingües sobreprecios de proveedores de empresas estatales, y se duplican los costos de las obras públicas. Todo entra en la clasificación de gastos reservados. En el caso de Bolivia, el actual gobierno anunció la supresión de los gastos reservados. Sí, suprimió el nombre de la partida presupuestaria, pero no suprimió las lubricaciones subrepticias ni clausuró la guarida de Alí Babá y los cuarenta ladrones.
Pero el hecho que deseo subrayar en este artículo no es tanto lo que he dicho y que todo el mundo sabe. Lo que sí quiero destacar es el hecho de que, cuando el gobierno le ha puesto el ojo a un adversario limpio de polvo y paja, que le molesta, sin que tenga en su prontuario delito, falta o distracción algunas, lo empapela con denuncias -reales o inventadas- sobre el mal uso de supuestos fondos reservados. Se echa mano del recurso del mal uso de grandes o chicas “confidencial expenses” y de allí, lo transfiere a tribunales de dudosa probidad y, luego lo envía a galeras o le obliga a salir del país en busca de aires más saludables.
A la vista de estos hechos –y los que aún están ocultos– uno podría preguntarse qué pasará el día en que las ollas hirvientes de gastos discrecionales o misceláneos se destapen y nos sirvan en plato sopero el gran puchero nacional.
con un contenido similar ampliado a los sucesos de la TV, sus protagonistas y autores.en homenaje a los fundadores de la Federación de Trabajadores en Radio y TV, especialmente al malogrado compañero Hugo Sánchez Careaga y al primer Directorio elegido en el Congreso de 1963 (La Paz, Bolivia) Victor Aguilar Dorado, Mario Castro, Jerjes Justiniano, Alfonso Rojas, Gladys Ferrufino, Antonio Torrico, y a todos los fundadores de la Federación de Trabajadores de Radio y TV de Bolivia
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