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miércoles, 12 de diciembre de 2012

El Deber se refiere a leyes sin consenso. TIPNIS primero y segundo Seguro para periodistas. rechaza ex-abrupto presidencial


Una de las características del talante autoritario del Gobierno es la de aprobar leyes y decretos sin buscar consensos con las partes interesadas y/o afectadas, dejándolas con un palmo de narices en sus intentos de hacer escuchar su voz para plantear sus propuestas o disensos. ‘Se le mete nomás’, dijo alguna vez el jefe de Estado encomendando a sus abogados enderezar lo que pudiera estar torcido.
La consulta para la construcción de la carretera por el Tipnis con fantásticos puentes y túneles por encima o por debajo de los árboles para no dañar el medioambiente, no tuvo el consenso exigido por la justicia porque se realizó unilateralmente, sin coordinación y el respaldo de las naciones indígenas, sin el menor respeto por los principios constitucionales que les reconocen una serie de derechos como propietarias de ese territorio, según el informe presentado por el defensor del Pueblo. Pero el Gobierno se estornuda en dicho informe tras dar por finalizada la cuestionada consulta y ahora está buscando recursos para meterle asfalto al bosque porque el 80% de las comunidades acepta la construcción de una ‘carretera ecológica’.
Similares matices contiene la promulgación de la ley de seguro de vida para los trabajadores de la prensa que tampoco fue consensuada con las partes interesadas. Cerca de una decena de los sindicatos de los principales medios impresos del país se pronunciaron rechazando el instrumento legal porque sus observaciones no fueron tomadas en cuenta. La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) denunció la ausencia total de consenso en la redacción, aprobación y promulgación de la ley que, además, afectará la estabilidad de las empresas periodísticas. Además de desestimar la posibilidad de consensuar la norma, el presidente cargó contra los propietarios de los medios de comunicación acusándolos de ‘esclavizar’ a los periodistas obligándolos a que falseen la verdad.
Aunque apunta a enfrentar a empresarios y trabajadores de la comunicación, la temeraria acusación presidencial debería tener sustento alguno. Al menos para ayudar a que los ‘esclavos’ del oficio, si los hay en realidad, rompan sus cadenas…

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