A dos años de la represión de la octava marcha indígena en defensa del Tipnis, el caso Chaparina no es motivo de orgullo para la justicia boliviana. De hecho, ayer el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Gonzalo Hurtado, dijo que el Código Penal fue ‘perforado’ por fallos constitucionales de anteriores magistrados y por eso, casos como este, donde hubo violencia de parte de organismos del Estado, sufren retardación. Para el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, Denis Racicot, el caso debió resolverse con celeridad y diligencia.
“Las víctimas y la población tienen derecho a conocer la verdad judicial”, señaló Racicot, que es partidario de que se establezcan responsabilidades ‘operativas’, según la cadena de mando.El 25 de septiembre de 2011, los indígenas que marchaban en defensa del Tipnis fueron atacados por más de 500 policías cerca del puente San Lorenzo de Yucumo; los golpearon, amordazaron y forzaron a subir en vehículos. El presidente Morales, el vicepresidente Álvaro García Linera y el entonces ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, negaron responsabilidades y fueron excluidos de la investigación. Racicot ve que el caso “sufre la retardación de justicia que padece el país”.
Algunas críticasPara la presidenta de Diputados, Betty Tejada (MAS), quienes tienen la palabra son las autoridades judiciales, pero el presidente del Tribunal Supremo de Justicia cree que ‘algunos juzgados’ retardan casos como Chaparina.
Para el líder del Tipnis, Fernando Vargas, el atraso de la investigaciones tiene relación con la injerencia política. Rafael Quispe, dirigente de la Conamaq, pidió la destitución de Llorenti como embajador de Bolivia ante la ONU y el retiro del MSM de la demanda
Suele intervenir la políticaLuis Jaime Cruz - Docente y ExjuezEl Código de Procedimiento Penal prevé que los jueces y fiscales no estarán sujetos a ningún tipo de presiones y les concede plena capacidad de acción. Ahora, el ámbito de corrupción en la justicia es bastante conocido. Por eso, por una cuestión de lógica, este tipo de retardación se atribuye normalmente a razones políticas y sociales.
Se han sobrepasado límites del Código Penal, sus tiempos procesales, y el caso Chaparina no avanza. Se puede prever que se está esperando un momento político adecuado para que la justicia actúe, ‘ubique responsables’. Estos procesos normalmente, se convierten en piezas del ajedrez político, en detrimento de la institucionalidad del Estado de derecho
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