El Deber se refiere al caso del grupo Clarín de Argentina, objeto de represalias del Gobierno de Cristina, aunque ahora bajo el pretexto de restarle monopolio. participar en el debate saliendo por el fuero de la libertad de expresión

En una discutida decisión, la Corte Suprema de Justicia de Argentina resolvió declarar constitucional la denominada Ley de Medios Audiovisuales, que impide los monopolios en el sector de la comunicación y afecta directamente al Grupo Clarín, uno de los conglomerados más poderosos de América Latina. Puede considerarse que las posiciones dominantes que ejercen los monopolios, cualquiera sea el sector económico en que se produzcan, favorecen el abuso de poder y la ineficiencia económica. Sin embargo, la forma cómo se impulsó esta normativa y el contexto en que se aprueba llevan a concluir que la libertad de prensa está en riesgo en el vecino país.

A todas luces, la Ley de Medios aparece como un instrumento legal que el Gobierno de Cristina Fernández utiliza para golpear a uno de los medios más críticos con la actual administración. Aunque no descarta la posibilidad de presentar una demanda ante tribunales internacionales, Clarín ha presentado un plan de adecuación a la norma que lo obliga a deshacerse de al menos 330 licencias de uso en medios radiales y televisivos.

Sectores opositores y medios críticos han alertado que pudo haber un acuerdo entre el Poder Ejecutivo y los ministros de la Corte Suprema para constitucionalizar la polémica ley, un dato que fue negado por los miembros del máximo tribunal, pero que siembra dudas sobre la independencia del Poder Judicial en el vecino país. El fallo de la Corte fue aprobado por seis de sus siete integrantes. La mayoría votó a favor de la constitucionalidad de la norma por considerar que el Ejecutivo tiene tuición para regular los monopolios en la economía. Sin embargo, vale la pena tener en cuenta la posición disidente del reconocido jurista Carlos Fayt que consideró que “una restricción que afecte económicamente a la empresa periodística es una afectación a la libertad de expresión”. Es decir, jerarquizó un principio fundamental de la democracia, la libertad de expresión, por encima de un valor económico, la necesidad de evitar los monopolios.

En un momento en que la democracia está en retroceso en la región y varios Gobiernos de izquierda han puesto en marcha políticas claras contra los medios de comunicación, la reflexión de Fayt parece más que atinada. En este mismo sentido, periodistas argentinos han denunciado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) esta situación y demandan acciones internacionales para evitar los abusos contra estos derechos fundamentales. Vale la pena tenerlas en cuenta