Un nuevo paso hacia la destrucción de uno de los pilares fundamentales de una sociedad democrática, ha sido dado durante los últimos tiempos en Venezuela. Es que a los muchos obstáculos que desde hace algunos años se han ido poniendo a la labor periodística, se ha sumado la decisión de privar de papel a periódicos, revistas, editores e impresores independientes, de modo que la realización de sus labores habituales se ha hecho poco menos que imposible.
Una de las primeras consecuencias de la medida gubernamental ha sido la desaparición de decenas de pequeños diarios y revistas de circulación local. Los más grandes, que por su fortaleza tienen mayores posibilidades de sobrevivir al embate, se han visto obligados a reducir el número de páginas de sus ediciones habituales, lo que equivale a una lenta asfixia que pone en riesgo su futuro próximo.
El argumento con que el Gobierno de Nicolás Maduro pretende justificar la medida es la supuesta escasez de papel. Pretexto del todo inverosímil, pues mientras se les niega tan importante insumo a los editores privados, de las imprentas estatales salen diariamente ingentes cantidades de propaganda oficial bajo la forma de afiches, panfletos, panegíricos y cuanta forma de adoctrinamiento se pueda imaginar.
No faltan, sin embargo, funcionarios públicos más sinceros que reconocen que la nueva ofensiva contra los medios impresos es parte de la “guerra económica” declarada contra los “enemigos de la revolución bolivariana”. Una guerra en la que la libertad de prensa está condenada a ser una de las víctimas más importantes.
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