Una reciente resolución de la Superintendencia de Comunicación (Supercom), repartición del Gobierno ecuatoriano encargada de censurar y limitar las libertades de expresión e información en su país, ha vuelto a sacudir la conciencia de quienes ven con preocupación la manera como algunos regímenes latinoamericanos están logrando destruir una de las bases de la democracia, como es la libertad de prensa.
Este caso, que se suma a muchos otros similares, consiste en la decisión de imponer una draconiana multa al periódico “El Universal” por haber publicado en sus páginas una caricatura que hacía referencia al allanamiento que días antes hiciera la Policía y la Fiscalía al domicilio de un exdirigente sindical, llevándose documentos y computadores. Según los censores, la publicación fue calificada como un elemento que “deslegitima la acción de la autoridad y apoya la agitación social”.
El caso se inició cuando al día siguiente de la publicación del dibujo, el presidente Correa hizo al país un anuncio: “Presentaremos la queja, gracias a Dios tenemos ya una Ley de Comunicación. Lo haremos aunque se disfracen de caricaturistas jocosos”, dijo, con lo que se inició una especie de Auto de Fe. Se conminó al caricaturista a expresar su arrepentimiento, so pena de condenar al medio que la publicó a una multa equivalente al 2 por ciento de la facturación promediada de los últimos tres meses.
Como es fácil constatar, se trata sólo de una muestra más de la firmeza con que algunos Gobiernos de la región, principalmente Venezuela y Ecuador, están avanzando hacia la destrucción de cualquier vestigio de libertad de expresión y a la instauración de una especie de “Ministerio de la Verdad”.
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