La sombra de nuevos escándalos aparece otra vez en el horizonte político, cuando el oficialismo está ya en campaña proselitista. Pese al cuestionamiento público a una nueva reelección que prohíbe la Constitución, el presidente está en carrera. Falta más de año y medio y parece tener ya mesa servida. Incluso con un primer adversario en cartelera. El Movimiento sin Miedo anunció que le saldrá al frente con banderas propias, como dando por sentado y aceptado que la Constitución y los compromisos políticos se pasarán por alto.
En ese escenario electoral armado por el propio gobierno, todo lo que haga o deje de hacer se termina analizando como parte de ese proceso, aunque el presidente está en campaña permanente desde que asumió. El presidente-candidato, se sabe bien, no da puntada sin hilo. Extraña pues que desde el gobierno se denuncie como “montaje político” para perjudicarlo cualquier denuncia de irregularidades o delitos que involucre a funcionarios públicos. En lugar de investigar si es cierta o no la denuncia, cualquiera que sea, la primera reacción oficial busca desacreditar al denunciante. Como si existiera seguridad de que todos actúan conforme a ley y de que los denunciantes sólo buscan plataforma política.
Esa fue, por ejemplo, la primera reacción tras la difusión del audio de un video en el que, en la voz de un fiscal, se escuchan revelaciones graves de presuntas irregularidades de gente vinculada al gobierno. Es posible que todo sea un “burdo montaje”. La tecnología lo permite, ciertamente. Pero es también posible que haya algo de verdad. Al fin y al cabo existen dudas sobre lo que se dijo y se hizo en torno al caso que investiga ese fiscal; más aun, tras el escándalo de extorsión, todavía sin esclarecer totalmente, que involucra a abogados de distintos ministerios.
Por si fuera poco, resulta ahora que el asesino de una periodista de El Alto integró un grupo policial, involucrado en el caso de “terrorismo” que investiga ese fiscal cuya voz está en el video de marras. Genera pues susceptibilidad escuchar que se pretende “politizar” la investigación cuando la familia de la víctima exige pruebas fehaciente de que un cadáver encontrado en total descomposición es, realmente, el del asesino. Es siempre negativo el impacto de los casos de corrupción sobre la imagen política. En afán de transparencia, sería mejor esclarecer las denuncias en lugar de perseguir a los denunciantes. Sería más fácil esperar pruebas científicas, mejor independientes, sobre la identidad del cadáver, que tratar de convencer a la gente que la madre de Hanaly Huaycho tiene veleidades políticas, por ejemplo.
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