amañada reunión para obtener conclusiones prefabricadas, según el gusto y la exigencia del momento. "controlar los medios" cerrándoles el paso al informe oficial so pretexto de "atentar contra la seguridad o violar secretos de Estado". la medida es harto conocida, se ha ejercitado en todas las dictaduras y siempre bajo parecidas fórmulas. El Deber advierte contra el cerrojo a la información estatal.

Entre un centenar de conclusiones, la cumbre ‘antimperialista’ organizada por el Gobierno propuso acciones conjuntas para controlar a los medios de comunicación ante lo que se interpreta como ‘ofensiva comunicacional’ digitada por países neoliberales. Dicha propuesta hasta podría ser objeto de una cumbre de jefes de Estado para coordinar lo que se tenga que hacer para poner freno a la denunciada arremetida mediática contra los regímenes populistas de la región. Un viceministro de Estado ha precisado que el control social se aplicará a “algunos” medios que “responden únicamente a intereses políticos de crear una suerte de oposición mediática”. Pero el presidente Morales fue mucho más allá al denunciar que hay medios de comunicación chilenos en Bolivia, ¡ya identificados!, que buscan perjudicar políticamente incluso la causa marítima. A esa conclusión ha llegado el jefe de Estado, que dijo estar agradecido con unas ‘investigaciones’ que habrían permitido develar el origen e interés trasandino incrustados en medios de comunicación que “están en Bolivia pero que son chilenos para perjudicar a todos los bolivianos y las bolivianas”. Es de esperar que en este caso denunciado por el presidente, los investigadores hayan hecho bien su trabajo para evitar más bochorno. La denuncia del presidente se agrega a las críticas lanzadas contra los medios de comunicación a los que culpó del embrollo mayúsculo creado con los resultados preliminares del censo que él mismo se encargó de divulgar y que luego fueron rectificados por la ministra de Planificación.Cuando el Gobierno viene ejecutando sostenidamente diversas acciones con un formidable despliegue de recursos para no dejar cabos sin atar ni flancos descubiertos, a fin de garantizar su continuidad en el poder en 2014, la mano viene bastante cargada contra los medios de comunicación. Y es que además de los ataques que han arreciado en el último tiempo, el Órgano Ejecutivo tiene avanzado un proyecto de ley que regulará el acceso a la información pública. Tal instrumento legal, que resisten diferentes organizaciones de prensa en el país, apunta a imponer restricciones informativas que no es posible concebir en el ejercicio de una democracia plena como la que se proclama en Bolivia. Dicha ley le colocará un cerrojo a la información estatal que, cuando se trata de transparentar la gestión pública, no admite trabas ni filtros de ninguna naturaleza. El libre acceso a la información es un derecho ciudadano garantizado constitucionalmente. Pretender bloquearlo es antidemocrático Consejo Editorial: Pedro F. Rivero Jordán, Juan Carlos Rivero Jordán, Tuffí Aré Vázquez, Lupe Cajías, Agustín Saavedra Weise y Percy Áñez Rivero