La última estrategia del Estado Plurinacional para hostilizar a la prensa independiente es tildarla de “antinacional” y relacionarla con intereses de un país que siempre ha sido señalado como “el enemigo” de Bolivia, visión que el régimen gobernante intenta oficializar de una manera muy riesgosa.
Así, las más altas autoridades nacionales se han estrellado contra un diario que ejerce su derecho de publicar informaciones y opiniones relacionadas con la vida pública del país. La acusación es muy grave ya que se está apelando a la manera más ruin de la descalificación, buscando relacionarla con la traición a la patria y el beneficio al enemigo, dos figuras que se encuentran en el ordenamiento jurídico boliviano y que no tardan en aparecen en boca de funcionarios oficiosos que buscarán llevar ante el banquillo al mencionado periódico.
Nadie puede alegremente llamar “antinacional” a un ciudadano o una institución y menos cuando está cumpliendo un papel altamente edificante como el de un medio de comunicación que postula el bien común y el funcionamiento adecuado de las entidades políticas que debieran responder a la voluntad del pueblo. Desde este punto de vista, la labor de la prensa es vital para la vida democrática y la relación saludable que debe existir entre la ciudadanía y los líderes que han sido designados para ocuparse de los asuntos públicos.
En realidad y hablando en el sentido más estricto de la palabra, los medios de comunicación tildados como “opositores” por el Gobierno ni siquiera llegan a encuadrar en ese apelativo. En los últimos años se han leído y escuchado muy pocas críticas con un fondo ideológico fuerte y la mayoría de los comunicadores, periodistas, columnistas y analistas, se han dedicado a exigirle a los gobernantes el cumplimiento de los postulados del proceso de cambio. El colmo de la condescendencia es que casi todos los medios le demandan al Gobierno el buen funcionamiento de la nacionalización al pedir que se corrijan los errores en las empresas sometidas a este proceso. De esa manera se está dando incluso un apoyo implícito al modelo socialista algo que puede ser involuntario pero que al fin de cuentas refleja la ausencia de mala fe.
El nacionalismo del “proceso de cambio” se basa en la lucha contra la corrupción, en la soberanía sobre los recursos naturales, en la austeridad y otros grandes valores y postulados de los que se ha hecho eco la prensa no solo ahora, pues se trata de las demandas que la ciudadanía le hace a sus gobernantes desde que es posible hacer interpelaciones sin temor a las represalias. Hasta ahora nadie ha sabido que algún diario, canal de televisión o radio defienda la corrupción, reivindique el derroche o que postule que los recursos naturales deben favorecer primero a las naciones extranjeras y de último a los bolivianos, como ocurre con el gas natural en este momento.
Es obvio que no existe sustento para llamar “antinacional” a ningún medio boliviano y de lo que se trata es de reforzar el torniquete del amedrentamiento con amenazas malsanas y cargadas de odio. En todo caso, ningún medio debería estar dispuesto a transigir en el cumplimiento de su rol democrático consistente en servir de puente entre la población y sus mandatarios, trabajo que siempre ha sido blanco de la incomprensión y la intolerancia.
Así, las más altas autoridades nacionales se han estrellado contra un diario que ejerce su derecho de publicar informaciones y opiniones relacionadas con la vida pública del país. La acusación es muy grave ya que se está apelando a la manera más ruin de la descalificación, buscando relacionarla con la traición a la patria y el beneficio al enemigo, dos figuras que se encuentran en el ordenamiento jurídico boliviano y que no tardan en aparecen en boca de funcionarios oficiosos que buscarán llevar ante el banquillo al mencionado periódico.
Nadie puede alegremente llamar “antinacional” a un ciudadano o una institución y menos cuando está cumpliendo un papel altamente edificante como el de un medio de comunicación que postula el bien común y el funcionamiento adecuado de las entidades políticas que debieran responder a la voluntad del pueblo. Desde este punto de vista, la labor de la prensa es vital para la vida democrática y la relación saludable que debe existir entre la ciudadanía y los líderes que han sido designados para ocuparse de los asuntos públicos.
En realidad y hablando en el sentido más estricto de la palabra, los medios de comunicación tildados como “opositores” por el Gobierno ni siquiera llegan a encuadrar en ese apelativo. En los últimos años se han leído y escuchado muy pocas críticas con un fondo ideológico fuerte y la mayoría de los comunicadores, periodistas, columnistas y analistas, se han dedicado a exigirle a los gobernantes el cumplimiento de los postulados del proceso de cambio. El colmo de la condescendencia es que casi todos los medios le demandan al Gobierno el buen funcionamiento de la nacionalización al pedir que se corrijan los errores en las empresas sometidas a este proceso. De esa manera se está dando incluso un apoyo implícito al modelo socialista algo que puede ser involuntario pero que al fin de cuentas refleja la ausencia de mala fe.
El nacionalismo del “proceso de cambio” se basa en la lucha contra la corrupción, en la soberanía sobre los recursos naturales, en la austeridad y otros grandes valores y postulados de los que se ha hecho eco la prensa no solo ahora, pues se trata de las demandas que la ciudadanía le hace a sus gobernantes desde que es posible hacer interpelaciones sin temor a las represalias. Hasta ahora nadie ha sabido que algún diario, canal de televisión o radio defienda la corrupción, reivindique el derroche o que postule que los recursos naturales deben favorecer primero a las naciones extranjeras y de último a los bolivianos, como ocurre con el gas natural en este momento.
Es obvio que no existe sustento para llamar “antinacional” a ningún medio boliviano y de lo que se trata es de reforzar el torniquete del amedrentamiento con amenazas malsanas y cargadas de odio. En todo caso, ningún medio debería estar dispuesto a transigir en el cumplimiento de su rol democrático consistente en servir de puente entre la población y sus mandatarios, trabajo que siempre ha sido blanco de la incomprensión y la intolerancia.
Nadie ha sabido que algún diario, canal de televisión o radio defienda la corrupción, reivindique el derroche o que postule que los recursos naturales deben favorecer primero a las naciones extranjeras y de último a los bolivianos, como ocurre con el gas natural en este momento.
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