En la agenda que el Presidente del Estado ha propuesto para la Cumbre Social se ha incluido el tema “Comunicación”. De inmediato, oficiosos voceros del Gobierno y del MAS, en tono por demás amenazante, han comenzado a expresar sus intenciones de controlar la libertad de expresión e información, arrogándose la función de ser evaluadores de la actividad comunicacional.
En cuanto a la inclusión del tema en la agenda y más allá de las comprensibles susceptibilidades, sería bueno que los sectores afines al Gobierno que dominarán la Cumbre Social debatan sobre él, pero que lo hagan sobre bases objetivas y no con la predisposición de legitimar actos de censura o represión. De hecho, bien harían los organizadores en socializar previamente, por ejemplo, la Ley de Imprenta, la Ley de Telecomunicaciones, los Códigos de Ética existentes, el funcionamiento de los Consejos de Ética, y un largo etcétera, de manera que se busque servir al bien común y no se manipule a la gente para defender exclusivamente intereses sectarios.
En este sentido, hay que recordar que a lo largo de la etapa democrática inaugurada en 1982, han sido varios los intentos por coartar la libertad de expresión e información, intentos que fueron desbaratados no sólo por la acción de los gremios del periodismo, sino porque la sociedad sensata se da cuenta que el interés del sistema político vigente—sea liberal, neoliberal, izquierdista o indigenista— es evitar que el periodismo pueda develar los secretos, impedir y denunciar los abusos del poder y la corrupción. Quiere un periodismo dócil que avale todo lo que emane de él, más allá de lo que la realidad indique. Lamentablemente, el MAS no ha podido sustraerse de esta tendencia y blande en forma recurrente amenazas a estas fundamentales libertades vigentes en un sistema democrático.
Más allá de las intenciones, es de esperar que se recuerde que el sistema de Gobierno en el país es el democrático y no el corporativo y, en tal sentido, cualquier iniciativa tendiente a modificar las actuales normas que regulan el periodismo deben tramitarse conforme estipula la Constitución Política del Estado, y ésta garantiza, con claridad, los derechos a la libertad de pensamiento, a acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente, a la comunicación y la información, a la libertad de expresión, de opinión y de información, a la rectificación y a la réplica, a emitir libremente ideas por cualquier medio de difusión sin censura previa. Además, la Constitución dispone que los principios de veracidad y responsabilidad que deben guiar el periodismo, se ejercerán mediante las normas de ética y de autorregulación de las organizaciones de periodistas y medios de comunicación y su ley (Arts. 21/6, 106 y 107).
En definitiva, ojalá que la voluntad del Ejecutivo y las organizaciones afines al MAS sea generar un debate libre de prejuicios sobre la comunicación en el mundo contemporáneo y los retos que ésta plantea al país. Pero, si de lo que se trata es de legitimar iniciativas censoras y represivas al libre ejercicio del periodismo, lo único que se logrará es ahondar las susceptibilidades y crear escenarios de confrontación que, como se ha demostrado ampliamente, nada bien hacen al país.
No hay comentarios:
Publicar un comentario