Decir la verdad, a veces, trae consecuencias, sobre todo, para personas o instituciones que no vacilan en manifestarlas. Es lo que actualmente padecen dos instituciones de la OEA: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial de la Libertad de Expresión. En sendos informes basados en datos totalmente reales, ambos organismos descalificaron a ciertos países del hemisferio en lo que respecta a plena vigencia de las libertades personales y de prensa en sus respectivos espacios soberanos.
Los gobiernos de Venezuela y Ecuador fueron los principales blancos de las citadas recriminaciones. Terminaron presas de una ira que les empujó a la revancha. Desde esos vericuetos que la OEA reserva para “operaciones de trabajo”, se dedicaron a promover propuestas cuyas claves apuntan a que sus “ofensoras” pasen a convertirse en meros floreros del organismo regional.
Creada en octubre de 1979, durante la accidentada Asamblea General de la OEA realizada en La Paz, cuyos miembros fueron testigos oculares del golpe militar de Natusch Busch, es el órgano encargado de la observación de los derechos humanos en nuestro hemisferio. Al mismo tiempo, representa la instancia de consulta a la que acude la OEA para saber cómo marchan las cosas al respecto. Procesa denuncias personales o institucionales sobre violaciones de derechos humanos en la región y, en casos de gravedad, se le permite exigir medidas precautelares en los países que las padecen.
La Relatoría de Libertad de Expresión nació en la III Cumbre de las Américas, efectuada en Québec, Canadá, en 2009. Entre sus principales atribuciones se halla la de hacer conocer a la OEA y a toda la comunidad internacional, el estado de las libertades de prensa e información en el continente americano.
A la CIDH amenaza ahora la propuesta de que los gobiernos de los países miembros de la OEA poco menos determinen los métodos y contenidos de sus informes. La mayor amenaza es para la Relatoría de las Libertades de Expresión, a la cual se pretende sumirla en una virtual anemia presupuestaria que le impida ejecutar su trabajo en la plenitud que actualmente lo hace. La clave para ello es una normativa que le cerraría el acceso a sus fuentes privadas de financiamiento, gracias a las cuales actuaba hasta hoy con total idoneidad e independencia. Aludimos a algo que perjudicará también a los medios y periodistas que en casos de violaciones a sus libertades básicas ya no tendrán una instancia totalmente disponible ante la cual formular sus denuncias o pedidos específicos de investigación.
Venezuela y Ecuador encabezan tan censurable intento de “ajuste de cuentas”. A última hora se les agregó el Gobierno de Brasil, por la bronca que le provocara el cuestionamiento de un proyecto hidroeléctrico que viola los derechos de un pueblo indígena (caso parecido al Tipnis, de Bolivia). En la trinchera opuesta están, a la vanguardia, México, Chile, Uruguay, Estados Unidos, Canadá y otros miembros de la OEA.
Muy pronto sabremos quién gana a quién tal pulsada en Tiquipaya. Si cuantos se empeñan en ir al “ajuste de cuentas” o los que se oponen a tan notoria tentativa de revancha.
El autor es periodista
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