En Bolivia debiera preocuparnos ya no apenas el aumento de los hechos violentos y criminales, sino también –y sobre todo, diría yo– el lenguaje alentador de la violencia y de menosprecio a leyes y derechos vigentes que expresan los portavoces del Gobierno. Ya no se trata sólo del Presidente jactándose de las órdenes que da a sus ministros y asesores para que “le echen nomás” y actúen de manera contraria a la ley en las obras que ejecutan y en el manejo de los recursos públicos. Ahora se trata también de ministros, como el de Gobierno, dando licencia a la Policía para matar y otras más que no hacen sino alentar la xenofobia en Bolivia.
Debo confesar por enésima vez que no me sorprende ya nada de lo que hagan quienes integran el Gobierno, aunque sí aumenta mi preocupación por la “nueva Bolivia” que están construyendo, radicalmente opuesta a lo que pregonan en algunos discursos, y por la apatía ciudadana, cuando no beneplácito de algunas élites, ante tantas sinrazón e imposturas. Hoy estamos ante una de las más graves ya registradas en los siete años del actual Gobierno: la de usar la demanda de seguridad ciudadana que emerge cada vez con más vehemencia en todos los rincones del país para manipular la sensación de inseguridad con discursos que pueden hacer carne en la población, generando una peligrosa e inminente ola de violencia, un tsunami sin salvación para nadie.
Es lo que acaba de hacer el ministro de Gobierno, Carlos Romero, al “pedir a la Policía que a este sicario en particular y a los sicarios que están caminando en Santa Cruz se les aplique la ley de fuga, porque así como ellos tienen sangre fría para matar, quiero que nos (los) entreguen de manera inmediata vivo o muerto”. No se puede alegar a favor del ministro ignorancia de las leyes o “emoción violenta”, como la que se aplica en algunos homicidios para justificar a las personas que matan a otras. Él es abogado, pero además conocedor de injusticias y violaciones a los derechos humanos padecidas por los sectores más vulnerables de la sociedad. ¿Y viene ahora a pregonar una acción no sólo inconstitucional, sino contraria a las normas internacionales y características más bien de los regímenes dictatoriales y de derecha?
Pero aquí el tema de fondo ya no es sólo lo dicho por el ministro Romero, que además de ordenar a la Policía a actuar contra la ley, aplicando la ley de fuga, ha reiniciado una campaña xenofóbica que pone en la mira a los extranjeros como criminales (claro, a algunos extranjeros, porque en su lista no cuentan los que actuaron en el hotel Las Américas para cometer tres muertes extrajudiciales). Ahora el tema de fondo es que hay toda una intención en el Gobierno de usar la inseguridad ciudadana como una más de sus estrategias para perpetuarse en el poder, tal como pretendió hacerlo el militar Jorge Ubico en Guatemala entre 1931 y 1944: con ley de fuga, “ley contra la vagancia” y aniquilamiento de opositores políticos. Porque créanlo: esto viene en “combo”.
Digo Jorge Ubico por citar un ejemplo, pero hay cientos de ellos. En España destaca el que dejó el Gobierno de Eduardo Dato en la época de la Restauración, precisamente con una ley de fuga “que favoreció la guerra sucia oficial contra el movimiento sindical y permitió el asesinato en Barcelona por parte de las fuerzas policiales y de pistoleros de los sindicatos libres, de más de un centenar de anarcosindicalistas de la CNT”, nos recuerda Wikipedia. O lo sucedido luego en la dictadura de Franco, o lo visto a fines de la década del 90, a fines del siglo XX, en Centroamérica, especialmente en Honduras y El Salvador, donde regímenes dictatoriales encontraron en el aliento a la violencia callejera y en las muertes extrajudiciales el arma que necesitaban para deshacerse de sus opositores, sobre todo de los que actuaban en movimientos guerrilleros.
No es casual que días antes de la declaración del ministro Romero, otro militante del MAS, el senador Isaac Ávalos, hubiera afirmado que “de diez colombianos, dos son buenos, los demás dos son asesinos y seis son pichicateros”, la misma que ratificó tras conocer el anuncio de “censo de extranjeros” hecho también por Romero.
Hay una línea discursiva oficial que nos hace ver que ya hay una estrategia marcada para usar la violencia criminal callejera como pretexto para reforzar las prácticas de represión desde el Estado, y a todo nivel, usando como principal carnada a los extranjeros, como si todos los males que padecen los bolivianos por inseguridad fueran culpa de “los de afuera”, desviando la atención de otros responsables más cercanos.
Y uno de ellos, hoy tal vez el de mayor peso, el narcotráfico; nada menos que una actividad ilícita que se alimenta de la materia prima que generan los productores de hoja de coca, afiliados en su mayoría en las poderosas seis federaciones que preside el Presidente de Bolivia.
Página Siete – La Paz
