Contra lo que piensa la mayor parte de la población boliviana respecto a que el innegable error cometido por el ex Director de “Página Siete”, al haber tomado como excomunión formal (Latae Sententiate) a lo que fue sólo una tibia recomendación “para no recibir la comunión” formulada por el Secretario de la Comisión Episcopal de Bolivia, a cuatro ministros de Estado (Educación, Comunicación Social, Transparencia y Desarrollo Sostenible) aparejaba graves perjuicios al Gobierno nacional, yo sostengo que quien resultaba verdaderamente afectada si la noticia se confirmaba era la Iglesia.
Mis razones son las siguientes:
1.- En una relación ya nada amistosa entre el Gobierno y la Iglesia, el anuncio de que ésta excomulgó a los cuatro ministros por haber expresado su acuerdo con el proyecto de despenalizar el aborto en el país, contribuía sin duda alguna a profundizar más aún la ancha brecha existente entre las dos instituciones, pues revivía la imagen de la Roma medioeval, ávida de concentrar en sus manos tanto el Poder Espiritual como el Terrenal. En el primer conflicto de lo que la historia conoce como Lucha de las Investiduras entre el papa Gregorio VII (Hildebrando) y el emperador Enrique IV de Alemania, la excomunión de éste por el Pontífice tuvo el inmediato efecto de desligar a los señores feudales del reino del juramento de fidelidad y subordinación al monarca, pronunciándose abiertamente en contra de éste, desencadenando una sublevación general tan grave de todos los súbditos, que Enrique IV tuvo que implorar la absolución y hacer penitencia durante tres días ante el castillo de Canosa donde se encontraba el Papa, antes de que éste conceda el perdón y levante la excomunión.
2.- Muchos factores de diversa índole han hecho desaparecer totalmente la formidable eficacia de este recurso eclesiástico tan temible y poderoso en épocas tan lejanas como la que acabamos de señalar, al punto que al presente la excomunión carece de todo efecto práctico, como no sea de orden estrictamente moral y sólo entre los más cerrados, sumisos y radicales círculos de la feligresía católica. Con absoluta seguridad, los ministros aludidos no habrían experimentado la menor inquietud, aflicción ni preocupación por el anatema lanzado contra ellos, pero para el Gobierno se presentaba una nueva oportunidad para desprestigiar un tanto más a la Iglesia con quien se hallaba enfrentada en aquél momento, haciéndola aparecer como la resurrección de la institución perseguidora, intolerante e implacable en que se convirtió a menos de cien años del Edicto de Milán dictado a su favor por Constantino el año 313.
3.- Al haberse aclarado que no hubo tal excomunión, el incidente ha quedado en nada sin otra consecuencia que la renuncia del señor Raúl Peñaranda a la Dirección del periódico del que fue uno de sus fundadores. Como varios analistas han opinado unánimemente, el retiro de Peñaranda constituye un acto de dignidad y de gran valor civil por cuanto reconoce simultáneamente la comisión del hecho y la responsabilidad consiguiente.
Muy pocas (si es que alguna) de nuestras personalidades políticas pueden jactarse de haber observado una conducta semejante en circunstancias parecidas. En el país se ha vuelto práctica corriente de nuestras autoridades, en primer lugar, negar abierta y enfáticamente el suceso denunciado, para luego rechazar con igual energía toda participación o intervención suya en el mismo, pasando de ahí a atribuir la autoría del hecho a algún subordinado que, por servilismo o por paga, acepta cargar con la travesura ajena, seguro de que la gratitud del jerarca beneficiado garantizará plenamente la impunidad del abnegado subalterno. Ejemplos de esta clase los tenemos con preocupante frecuencia, comenzando por accidentes de tránsito protagonizados por sacrificados servidores públicos que –viajando a provincias en elegantes vehículos oficiales conducidos, no por el conductor o chofer profesional especialmente contratado para el efecto, sino por el “servidor” de mayor jerarquía– han ocasionado no pocos choques, vuelques, embarrancamientos, etcétera, en los cuales el autor del hecho –y por tanto responsable de las consecuencias del mismo– se las arregla siempre para convencer al chofer de declarar que era él quien guiaba el vehículo cuando ocurrió el accidente. No vale la pena citar otros muchos casos de esta clase de conducta en circunstancias aún de mayor gravedad, en que las autoridades –pese a estar claramente identificadas como autoras de lo acontecido– siempre se dan modos de evadir la sanción, sea negando el hecho en sí, o bien endosando éste a algún obsecuente o venal subalterno.
Merced al sacrificio de su cargo, Peñaranda ha demostrado estar muy lejos de tan censurable comportamiento, al renunciar no sólo por dignidad y auténtico sentido de responsabilidad, sino también como intento de preservar al periódico de nuevas embestidas oficiales.
Aquí encontramos otro error de Peñaranda al suponer que su renuncia garantizará que no se produzcan más ataques contra “Página Siete”. Los depredadores de la libertad de opinión y expresión, (cuando ésta se manifiesta en crítica o desacuerdo con cualquier aspecto de la política oficial), no han hecho sino probar la sangre de la pieza recién cobrada, no existiendo nada que permita suponer que ésta será su última acometida.
El retiro de Peñaranda deja al periódico mucho más débil ante asechanzas futuras de mayor envergadura, no porque no haya otro periodista que tome el cargo vacante e intente desempeñarse con la calidad y entereza que caracterizaron a su antecesor, sino porque tendrá que batallar más duro que éste; los gerifaltes oficiales, envanecidos por el alejamiento de Peñaranda, se emplearán a fondo para repetir su hazaña si el reemplazante no se comporta con la sumisión exigida.
Ésta es otra razón para que el voluntario ostracismo de Raúl Peñaranda se torne aún más lamentable.
El autor es abogado
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