Desde que se hiciera con las riendas del poder, el Gobierno ha hecho todo cuanto le ha sido posible para proyectar su mejor imagen ante el pueblo boliviano con el perfil diseñado por sus operadores. Nada de sombras sino luces indicativas de exitosa gestión gubernamental en todos los frentes de la agenda nacional. Este y no otro es el cuadro implícito en las declaraciones públicas del presidente y de sus ministros, recogidas, en profusas campañas publicitarias, principalmente por los medios estatales de comunicación social.
Ahora el Gobierno volverá a encomendar a sus movimientos sociales la calificación de su gestión correspondiente a 2012. Lo hará el 29 de diciembre en un ampliado donde se espera la presencia del jefe de Estado, de sus ministros, viceministros y de otros funcionarios gubernamentales. La ministra de Comunicación Social alienta la esperanza de que la evaluación por cuenta de esas organizaciones sea “integral, sincera y sin intereses”, evitando enjuiciar circunstancialmente todo lo realizado en el referido periodo.
Uno de los temas más urticantes del encuentro será, sin lugar a dudas, el de la poderosa red de extorsionadores que operaba a sus anchas desde hace años en el Ministerio de Gobierno y en la judicatura, astillando la imagen del Gobierno y del país a escala nacional e internacional.
Pero es sabido que desde ciertos puestos de mando de su estructura partidaria, el Gobierno influye fuertemente sobre cada una de las organizaciones sociales del país. Sería iluso suponer, en consecuencia, que se atrevan a cuestionar lo actuado por el Órgano Ejecutivo a lo largo del año que se va. Es probable que se limiten a ratificar la calificación que digitadores a distancia pondrán al alcance de los dirigentes presentes en el cónclave social. Lo que finalmente se apruebe será indicativo de que en Bolivia, gracias al Gobierno masista, todo marcha sobre ruedas.
Es necesario establecer que la evaluación de una gestión gubernamental no es tarea que corresponda a solo determinadas organizaciones sociales. Para hacerlo tiene facultad constitucional la Asamblea Legislativa elegida a través del voto popular.
Excluyendo arbitrariamente a otros sectores y únicamente encomendada a aquellos que le son afines, la anunciada evaluación de la gestión gubernamental tendrá sesgo oficialista, lo que anticipa resultados previsibles. Como los de dar, de cualquier manera, todo por bien hecho…