destaca Los Tiempos la figura de Mario Castro que encontró la forma de culturizar el trabajo radial, abrió la contextualización de los hechos junto a Lorenzo Carri y Carlos Mesa haciendo de Radio Cristal un baluarte de la libertad de expresión

Este año, el Premio Nacional de Periodismo ha sido otorgado a Mario Castro Monterrey, reconocido periodista del país que ha hecho importantes aportes a este oficio desde su trinchera de toda la vida y referente obligatorio de la radiodifusión paceña: Radio Cristal.

A través de esta emisora, Castro fue uno de los principales difusores de programas culturales en el país, rompiendo lógicas provincianas y situando a la especialización periodística en este campo en el sitial que merece. En el cumplimiento de ese objetivo, Castro tuvo que batallar en forma cotidiana para convencer que la difusión cultural no sólo es una obligación ciudadana y estatal sino que, bien conducidos los programas, pueden convertirse también en eficientes espacios de inversión.

Pero, sin bien probablemente el reconocimiento mayor a Mario Castro será por la creación de Radio Cristal, no se puede olvidar que también ha incursionado en por lo menos tres campos en los que también su aporte ha sido importante. Uno, superar, con elevado grado de audacia en su tiempo, el formato informativo radial, para pasar de ser una sesión de lectura de actas de sucesos, a abrir espacios de contextualización, junto a Lorenzo Carri y Carlos Mesa, cambio que permitió a la audiencia de Radio Cristal tener mejores instrumentos de análisis.

También ha sido un disciplinado columnista y ha escrito en los principales periódicos de La Paz y, por último, ha tenido y tiene activa participación en los gremios del periodismo.

Son, pues, muchos los argumentos que respaldan la decisión de la Asociación de Periodistas de La Paz de otorgar el ya tradicional Premio Nacional de Periodismo a Mario Castro.

Juan León Cornejo enlista los casos de violencia extrema contra periodistas, Alfredo Alexander, Eugenio Aduviri, Carlos Quispe (apaleado en su gabinete de locutor en Pucarani, 2008), Fernando Vidal, Los hermanos Peñazco Layme y otros que el Gobierno no puede descubrir a los autores.

Hay que reconocer que en Bolivia existen y se ejercen todavía las libertades de expresión, opinión e información. Es difícil, a estas alturas, afirmar lo contrario. Esta columna y otras que se publican en algunos medios nacionales son prueba de esa realidad. La referencia es, obviamente, a las columnas que expresan opiniones críticas al gobierno de turno. Ese es un hecho objetivo.

A la mayoría de esas columnas, hay que reconocer también, no las inspira necesariamente las discrepancias ideológicas naturales en cualquier democracia. Se inspiran y justifican porque en estos tiempos de cambio, hay mucha tela para cortar. Violaciones a la Constitución, irrespeto a las leyes, corrupción en todos sus matices y niveles, abuso, prepotencia e incapacidad, sólo para citar algunos casos, hacen imposible el silencio. Ese es otro hecho objetivo.

Para el periodismo honesto, mirar al costado lastimaría la ética y la moral. Pero además, el silencio implicaría complicidad. En ese escenario, las  columnas de opinión independiente compensan, aunque sea en mínima proporción, el bombardeo de propaganda oficialista que pretende tapar o justificar lo mucho que se hace mal o torcido. No todos, lamentablemente, cumplen el viejo dicho de David Simon: "el buen periodismo puede y debe morder cualquier mano que intente darle de comer", aunque citar al periodista y escritor norteamericano parezca herejía en estos tiempos.

Desde la otra vereda, el que se respeten todavía esas libertades permite decirle al mundo que en Bolivia hay democracia. Decirlo y mostrarlo es políticamente importante, pero no libera de presiones y limitaciones solapadas al ejercicio de las libertades de opinión y expresión.

En vísperas del Día Mundial contra la Impunidad, hay que decir que del tema estamos curados de espanto. En Bolivia nunca se esclareció ni sancionó el asesinato de ningún periodista. En la historia reciente, el más antiguo data de 1969, cuando una bomba mató en su hogar al fundador y director de los diarios Ultima Hora y Hoy, Alfredo Alexander  y a su esposa. El último fue el 2012, cuando mataron a Eugenio Aduviri, periodista deportivo. En el 2008, Carlos Quispe, antes de morir tras una golpiza en el estudio de  radio municipal de Pucarani, alcanzó a nombrar a sus agresores, Igual que Fernando Vidal, el director de radio Popular, de Yacuiba, al que intentaron quemar vivo. Pero el colmo de impunidad es el de los hermanos Peñasco Layme, utilizado para justificar el intento de crear un seguro de vida que los periodistas recibirán cuando mueran.

Antes y después, hubo una gran cantidad de agresiones físicas y verbales sin sanción. La mayoría se consideró sólo como agresiones personales. Ninguna como agresión al ejercicio de las libertades de expresión u opinión que fue, realmente, el motivo que las originó.

Bajo el mismo criterio hay otras agresiones al ejercicio de esos derechos constitucionales. Recientes amenazas de represalia de un dirigente campesino de los Ponchos Rojos contra una periodista que investigó presuntos casos de corrupción en el fondo indígena e incluso de tomar el diario que publicó esa nota no sólo es prueba de oscurantismo e intolerancia. Es una amenaza directa a esas libertades. Y adquiere dimensión preocupante porque la declaración se difundió, varias veces, por el canal estatal.

Hay también amenazas de otro tipo. Por ejemplo, la de advertir con rescindirle contrato de publicidad a medios que publiquen notas críticas, como en Tarija, o de enjuiciar por vía ordinaria a los que critiquen obras públicas municipales como en Santa Cruz. O la estupidez de pretender encarcelar a una presentadora de televisión por opinar que hay mal olor en las calles de Oruro. Ninguna de esas amenazas ha sido sancionada. Por eso, la impunidad persistente los convierte en hecho habitual, cuando no anecdótico.

Es también amenaza flagrante al libre ejercicio de esos derechos y abuso de poder el imponer cargas impositivas extraordinarias a los medios como mecanismo de asfixia económica. Igual que enjuiciarlos por presuntos delitos que se deben juzgar en el marco de la ley de imprenta o el mantener en suspenso la solución de causas judiciales.

La fuerza solapada de todas esas amenazas se hace mayor, si es que no es su fuente de origen, cuando desde el vértice del poder político se estigmatiza a prensa y periodistas como oposición política.

En el fondo, está claro sin esforzarse para descubrirlo, de lo que se trata es de generar un clima de temor que obligue a doblar rodillas o a callar. Y la falta de denuncia, implícita en una actitud de autocensura, es el primer paso hacia un totalitarismo con disfraz de democracia.

celebrando "El Dia de la TV" la Asociación de Periodistas por intermedio de Antonio Vargas su presidente observó el erroneo rol que cumple la TV Estatal, en esta fecha establecida por la ONU para promover la Paz, la Seguridad, el desarrollo económico social.

Se celebra el Día Mundial de la Televisión y en Bolivia el presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), Antonio Vargas, destacó el acceso que tiene la población a este medio de comunicación, aunque, también, observó el rol que cumple ésta, específicamente, el canal estatal "Bolivia TV".

Desde 1996, cada 21 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Televisión por mandato de la Organización de Naciones Unidas (ONU), con el objetivo de promover intercambios mundiales de programas de televisión centrados en cuestiones como la paz, la seguridad, el desarrollo económico y social y la promoción del intercambio cultural.

Sobre esa base, el presidente de la APLP se refirió a la situación de la televisión en Bolivia y en lo que respecta al canal 7, señaló que éste se ha convertido en una extensión de propaganda del Gobierno de turno.

"El canal 7 es un medio de comunicación público y tradicionalmente y con mucha más fuerza se ha manejado como una extensión del aparato de propaganda del Gobierno en turno (…). Eso me parece que debería ser controlado por el Tribunal Supremo Electoral", afirmó Vargas a la ANF.

Por otra parte, señaló que los medios de comunicación en Bolivia no cuentan con una ley que norme sus contenidos, aunque, recordó, la Ley de Telecomunicaciones de 1995 se ocupaba de este tema, pero fue derogado por la actual Ley General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información y Comunicación, promulgada el 8 de agosto de 2011, la cual es observada.

Y es que la actual Ley de Telecomunicación define la redistribución de frecuencias en los medios televisivos y radiales y establece que el 33 por ciento será del Estado, un 33 por ciento será para el ámbito comercial y el restante 34 por ciento para el sector indígena y comunitario. 

"Aquello va a hacer que haya una revolución notable, tanto en las radioemisoras, pero también en los canales de televisión. Eso me da la impresión que pudiera generar una falta de pluralismo en la televisión de Bolivia", culminó.

El Día de la Televisión se celebra en conmemoración del Primer Foro Mundial de la Televisión en las Naciones Unidas que se desarrolló el 21 de noviembre de 1996.

respaldo institucional a Marianela Montenegro. la SIP (Sociedad Interamericana de Prensa) se ha pronunciado y ha dejado ver que respalda la denuncia de la periodista. hace tan sólo unoso días la SIP RESPALDÓ AL DEBER POR ACOSO.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció ayer los actos de ‘intimidación y persecución’ de autoridades de Bolivia contra la periodista Marianela Montenegro, al tiempo que reclamó garantías de seguridad para ella y su familia.

todos los grandes medios continentales respaldaron primero a El Deber, ahora a Marianela Montenegro por su denuncia contra Evo Morales y su Régimen que ordenaron la destrucción del Canal 33 de Cochabamba

 Esta es la segunda vez en ocho días que la SIP se pronuncia para condenar presiones contra la prensa en Bolivia. El martes 12 advirtió sobre una campaña de intimidación en contra de EL DEBER y condenó las amenazas de represalias hechas por el gobierno municipal de Santa Cruz contra el rotativo.

Sobre el último pronunciamiento de la SIP, el viceministro de Gestión Comunicacional, Sebastián Michel, evitó pronunciarse porque no había ninguna relación con la periodista.

Acoso

Montenegro, periodista y propietaria de canal 33 de Cochabamba, denunció el viernes 8, en la sede de la SIP en Miami, que ha sido ‘hostigada y amenazada’ y su canal allanado en dos ocasiones en represalia por sus críticas contra el partido oficialista. La denuncia también fue presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

 El 20 de noviembre de 2012, policías y funcionarios de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), irrumpieron de forma violenta en el canal y en su domicilio por supuestas infracciones a regulaciones del organismo.

 El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP, Claudio Paolillo, condenó “la campaña de intimidación contra la periodista que pareciera ser parte de una estrategia oficial de silenciar a los críticos" y pidió que se investiguen las denuncias de Montenegro

SOBRE EL CASO

Posición de la SIPEl secretario de Libertad de Prensa de la SIP, Claudio Paolillo, dijo que el Gobierno asfixia económicamente a los medios

Allanamiento con pruebasLa intervención al canal 33 fue captada por cámaras de seguridad 

Cuánto lo siento apreciado Carlos Cordero por el brutal asalto y despojo que te recibió en Caracas. como tú mismo lo nombras Venezuela está acosada por un Gobierno irracional ya en el umbral de una crisis institucional

Escribo desde Caracas, Venezuela, en momentos en los que se producen preocupantes movilizaciones sociales que parecen anunciar el advenimiento de una profunda y prolongada crisis política, inestabilidad y conflictos, motivados por desconcertantes medidas gubernamentales, en el contexto de una desbocada violencia y delincuencia urbana que genera una angustiante y palpable inseguridad ciudadana.

Después de un par de décadas sin visitar esta ‘tierra de gracia’, como fue llamada por el almirante Colón en los tiempos del acontecimiento que cambiaría para siempre la historia de la humanidad, he retornado a sus calles y aulas para vivir una serie de hechos que parecen inconexos y que sin embargo retratan fielmente este tiempo convulso y de crisis anunciada.

Radiqué en Caracas en los 80 a consecuencia de los persistentes golpes de Estado incubados en las Fuerzas Armadas bolivianas, que provocaron la sensación colectiva de pérdida de futuro y esperanza. 

Venezuela me cobijó generosamente entonces y me permitió consolidar mi formación teatral bajo la sabia conducción de Juan Carlos Gené, argentino, radicado también en Caracas para colocar prudente distancia con los feroces gobiernos militares de los 70. Mi residencia caraqueña me permitió culminar estudios en la ilustrada Universidad Central de Venezuela. Es así que retorné décadas más tarde a mi alma mater para participar del XII Simposio de Ciencias Políticas, concelebrar 40 años de fundación de la Carrera de Estudios Políticos y presentar en dicho encuentro académico, un modelo teórico de investigación y estudio de instituciones y procesos políticos denominado: Enfoque histórico-politológico.

Nada más al abordar un taxi en el aeropuerto de Maiquetía fui brutalmente asaltado y despojado de todo el dinero que traía, para luego ser abandonado en unas oscuras y sucias calles del centro de Caracas para que otros terminaran el desalmado recibimiento. Después de aquel golpe, todo mi rencuentro con el país fue, como en esencia es el pueblo venezolano, bueno, generoso e inteligente. Hoy, acosado por un Gobierno irracional, torpe, desconcertado y tolerante con la delincuencia urbana, promotor de la violencia institucionalizada contra todos los que critican las erráticas decisiones estatales.

Esta actitud hostil y equivocada del poder está colocando a Venezuela en el umbral de una crisis institucional anunciada, que tendrá efectos y consecuencias en los sistemas democráticos del continente

la tarea de Juan del Granado y sus equipos de trabajo empiezan a dar frutos. el Congreso del MSM un ejemplo de organización y disciplina política. "no hay culto a la personalidad. no hay jefes. hay respeto a la persona" dijeron sus líderes.. Elegirán candidato a la Presidencia.

Durante la inauguración del primer Congreso Ordinario del Movimiento Sin Miedo (MSM), el presidente de esta fuerza política, Juan Del Granado, pidió que los actuales gobernantes, en alusión al Movimiento Al Socialismo (MAS), deben ir preparando sus maletas, porque el pueblo está cansado de las promesas incumplidas, de la soberbia y de la imposición de la actual administración gubernamental.

"Que preparen sus maletas y si no pueden les vamos a ayudar, porque es hora de recuperar la democracia para los bolivianos. Es perfectamente posible tener un mejor país y un mejor Gobierno, una transformación democrática de verdad en todos los rincones de la Patria, pero para ello, se tiene que recorrer un tramo fundamental para enfrentar la decepción, la frustración, para dar marcha atrás al derrotismo y a la resignación", afirmó.

Dijo que eso se tiene que hacer porque ayer, hace poco tiempo en la historia de la Patria los actuales gobernantes ofrecieron cambio, más educación, más democracia, más salud, más transparencia y eficiencia pero no cumplieron sus promesas al pueblo.

El MSM, a decir de sus autoridades, habría firmado 20 acuerdos de alianza con varias fuerzas y corrientes políticas, así como con instancias y organizaciones sociales entre campesinos, indígenas, cívicos y otros. El encuentro concluye mañana con la elección del candidato a la presidencia de este partido.

Entre tanto, el alcalde y primer vicepresidente del MSM, Luis Revilla, a tiempo de dar la bienvenida a las delegaciones de esta fuerza política al primer Congreso Ordinario, denominado "Benita Pari" declaró que en esta organización política no se hace culto a la personalidad.

"En nuestro partido no hay jefes, sino, hay compañeros que tienen la responsabilidad de conducir nuestro movimiento y que tienen sus criterios propios personales, algo que es muy bueno", declaró.

Añadió que en el MSM existe ese respeto y convicción profundos hacia los valores democráticos que son propugnados hacia afuera y que se lo practica en casa al interior de su movimiento.

Por su lado, el secretario ejecutivo del MSM, Abel Mamani, afirmó que Juan Del Granado se constituye en la mejor alternativa política del MSM para ser su candidato presidencial,quien, a su criterio, es capaz de recuperar la institucionalidad del país y hacer frente al binomio Evo-Álvaro en las elecciones generales de 2014. No obstante esta decisión le corresponderá decidir al Congreso Nacional.

Sobre el particular, el dirigente del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), Fernando Vargas, indicó que el congreso debe dar a luz un resultado óptimo, no sólo para el partido, sino para el país en su conjunto que ahora enfrentará nuevas elecciones para el 2014.

"Desde nuestro movimiento y nuestra organización hemos venido luchando no sólo por nosotros, sino por el país y pedimos que en este congreso se piense en el país, que se debe construir una visión de país para lograr una integralidad de todos los bolivianos", expresó.

El Deber se refiere al caso del grupo Clarín de Argentina, objeto de represalias del Gobierno de Cristina, aunque ahora bajo el pretexto de restarle monopolio. participar en el debate saliendo por el fuero de la libertad de expresión

En una discutida decisión, la Corte Suprema de Justicia de Argentina resolvió declarar constitucional la denominada Ley de Medios Audiovisuales, que impide los monopolios en el sector de la comunicación y afecta directamente al Grupo Clarín, uno de los conglomerados más poderosos de América Latina. Puede considerarse que las posiciones dominantes que ejercen los monopolios, cualquiera sea el sector económico en que se produzcan, favorecen el abuso de poder y la ineficiencia económica. Sin embargo, la forma cómo se impulsó esta normativa y el contexto en que se aprueba llevan a concluir que la libertad de prensa está en riesgo en el vecino país.

A todas luces, la Ley de Medios aparece como un instrumento legal que el Gobierno de Cristina Fernández utiliza para golpear a uno de los medios más críticos con la actual administración. Aunque no descarta la posibilidad de presentar una demanda ante tribunales internacionales, Clarín ha presentado un plan de adecuación a la norma que lo obliga a deshacerse de al menos 330 licencias de uso en medios radiales y televisivos.

Sectores opositores y medios críticos han alertado que pudo haber un acuerdo entre el Poder Ejecutivo y los ministros de la Corte Suprema para constitucionalizar la polémica ley, un dato que fue negado por los miembros del máximo tribunal, pero que siembra dudas sobre la independencia del Poder Judicial en el vecino país. El fallo de la Corte fue aprobado por seis de sus siete integrantes. La mayoría votó a favor de la constitucionalidad de la norma por considerar que el Ejecutivo tiene tuición para regular los monopolios en la economía. Sin embargo, vale la pena tener en cuenta la posición disidente del reconocido jurista Carlos Fayt que consideró que “una restricción que afecte económicamente a la empresa periodística es una afectación a la libertad de expresión”. Es decir, jerarquizó un principio fundamental de la democracia, la libertad de expresión, por encima de un valor económico, la necesidad de evitar los monopolios.

En un momento en que la democracia está en retroceso en la región y varios Gobiernos de izquierda han puesto en marcha políticas claras contra los medios de comunicación, la reflexión de Fayt parece más que atinada. En este mismo sentido, periodistas argentinos han denunciado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) esta situación y demandan acciones internacionales para evitar los abusos contra estos derechos fundamentales. Vale la pena tenerlas en cuenta

al privar de papel a los medios impresos, se les corta la vida. sin diarios no hay democracia, sin democracia gobierna el atropello, la autocracia, el deshonor. LTD

Un nuevo paso hacia la destrucción de uno de los pilares fundamentales de una sociedad democrática, ha sido dado durante los últimos tiempos en Venezuela. Es que a los muchos obstáculos que desde hace algunos años se han ido poniendo a la labor periodística, se ha sumado la decisión de privar de papel a periódicos, revistas, editores e impresores independientes, de modo que la realización de sus labores habituales se ha hecho poco menos que imposible.

Una de las primeras consecuencias de la medida gubernamental ha sido la desaparición de decenas de pequeños diarios y revistas de circulación local. Los más grandes, que por su fortaleza tienen mayores posibilidades de sobrevivir al embate, se han visto obligados a reducir el número de páginas de sus ediciones habituales, lo que equivale a una lenta asfixia que pone en riesgo su futuro próximo.

El argumento con que el Gobierno de Nicolás Maduro pretende justificar la medida es la supuesta escasez de papel. Pretexto del todo inverosímil, pues mientras se les niega tan importante insumo a los editores privados, de las imprentas estatales salen diariamente ingentes cantidades de propaganda oficial bajo la forma de afiches, panfletos, panegíricos y cuanta forma de adoctrinamiento se pueda imaginar.

No faltan, sin embargo, funcionarios públicos más sinceros que reconocen que la nueva ofensiva contra los medios impresos es parte de la “guerra económica” declarada contra los “enemigos de la revolución bolivariana”. Una guerra en la que la libertad de prensa está condenada a ser una de las víctimas más importantes.